La detención se practicó en situación de flagrancia. El imputado al ver a Carabineros abandonó el móvil, percatándose los funcionarios que había una herramienta utilizada para accionar el arranque del vehículo.
El requirente estima que el precepto impugnado, en su aplicación, vulnera el derecho a la acción penal, en relación con la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso.
El órgano contralor explicó que es menester que el municipio adquiera la convicción que la actividad económica sea lícita, que el requirente no se encuentra sujeto a las mencionadas inhabilidades contenidas en los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal y que cumple con los demás requisitos que señala la ley.
Esta goza de fama y notoriedad en el público consumidor en el país de origen.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de unificación de jurisprudencia, seguido ante la Corte Suprema.
Establece un marco regulatorio para el diseño, instalación y operación de redes y sistemas utilizados para la prestación de servicios de telecomunicaciones.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La magistrada ordenó el ingreso del oficial de Carabineros dado de baja en julio recién pasado, a la Subcomisaría Pudahuel Norte, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por peligro de fuga.
El Tribunal de alzada dio un plazo de tres días para que la clínica entregue el animal a la recurrente.
Los Ministros Aróstica y Vásquez previenen que concurren a la sentencia, en el sentido que la norma del PDL examinado que crea una Comisión Asesora dentro de la estructura del Ministerio de Salud, no reviste el carácter de LOC.
