El Tribunal estableció que la demandada no justificó en qué consisten claramente los ajustes estructurales, y tampoco la real necesidad en los cambios en relación a los trabajadores. Todo ello, no sólo obsta a la adecuada defensa del trabajador, sino que limita la posibilidad del Tribunal de analizar si los hechos que se indican resultan suficientemente probados.

El máximo Tribunal estableció que la materia que se pretende unificar no es de aquellas habilitadas por el legislador para dicho fin.

Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designando como redactor a la Ministra Brahm.

Se configuran los requisitos que el artículo 889 del Código Civil contempla para su procedencia.

Así lo establecen los artículos 10 y 40 del Código de Procedimiento Penal en armonía con las normas de los artículos 398, 430, 447, 500, N°7 y 536 de ese texto legal.

En ambas causas, se adoptó acuerdo, quedando en estado de sentencia, designando como redactores a la Ministra Brahm y al Ministro García.

El demandante se convirtió en prestador de los mismos servicios profesionales que aquellos que ofrecía su empleador.

La app incumple casi el 50% de la normativa colombiana.

La resolución señala que se ha arribado a la conclusión de que, en la especie, concurre la causal de inadmisibilidad del artículo 84 N° 6 de la LOCTC, ya que el requerimiento adolece de falta de fundamento plausible.

El ente contralor adujo que, al encontrarse la materia consultada dentro del dominio o reserva legal, no procede, por medio de la vía jurisprudencial, otorgar a los funcionarios estipendios que no se hallen expresamente establecidos en una norma de rango legal.