El convenio colectivo acompañado se aplica en el extranjero por lo no resultaba pertinente requerir su inscripción o registro en la Inspección del Trabajo en los términos establecidos en el artículo 371 del Código del Trabajo. Luego, en cuanto al Plan de trabajo del adjudicado en lo referido a la “Infraestructura Operativa”, el Tribunal precisa que ni las Bases Administrativas Especiales ni las Bases Técnicas que rigieron el proceso licitatorio contienen una definición de este concepto. Sin embargo, su sentido natural y obvio lleva a considerar que éste comprende los recursos necesarios para la prestación del servicio lo que se cumplió.

La finalidad detrás de esta ley proviene de las crecientes preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la seguridad nacional. Se ha alegado que TikTok y otras aplicaciones similares podrían estar compartiendo información de manera indebida con gobiernos extranjeros, lo que plantea riesgos para la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos estadounidenses.

La investigación respectiva quedará en manos del fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago designado por sorteo.

La Primera Sala del máximo tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que dio lugar a la acción.

la Novena Sala del tribunal de alzad estableció que las funciones que ejerce el Presidente de la República son públicas y que tienen interés social, lo que justifica su acceso.

La Primera Sala del tribunal de alzada desestimó las acciones al no constituir el recurso de protección la vía idónea para recurrir contra lo resuelto por el tribunal deportivo.

La moción obliga a las más altas autoridades del país a someterse a un examen de identificación de uso y consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, en el plazo de 30 días, desde su entrada en vigencia, y sanciona con la cesación inmediata en el cargo si el examen resultare positivo.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de sus derechos, el debido proceso y el principio de supremacía constitucional, desde que se decretó su retiro temporal por el Director Nacional de Gendarmería, ejerciendo una facultad que se le atribuye exclusivamente al General Director de Carabineros y que es aplicable solo a los funcionarios policiales.

Los padres han realizado conductas que constituyen un actuar ilegal y arbitrario que implica una afectación de la garantía constitucional del artículo 19 N°1 de la Constitución y de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Ordenó a los ocupantes pagar al dueño de la propiedad la suma de $1.340.607.-, por los daños provocados al inmueble, por no cumplir con las mantenciones y cuidados mínimos pactados en el contrato de arriendo.