Los hechos recuerdan al caso «La Manada».
En marco de la próxima Cuenta Pública, la Sala de la Cámara aprobó la moción que apunta a permitir el funcionamiento una vez declarada cuarentena sanitaria o estado de excepción constitucional.
Los querellantes habían sido indemnizados con un monto bastante menor a los recibidos por otros propietarios del sector.
El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2 y 24.
Tribunal de alzada indicó que siendo la obligación principal de los trabajadores el concurrir a prestar servicios, su incumplimiento injustificado constituye una falta grave que justifica la desvinculación.
La gestión pendiente incide en autos por recurso de ilegalidad, de que conoce la Corte de Puerto Montt.
Las recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 16, 21 y 22.
La Corte Suprema señaló que, quien recurre debió relacionar la eventual infracción de normas reguladoras de la prueba con los contenidos jurídicos sustantivos del instituto que hizo valer en el juicio.
Tribunal de alzada desestimó todas las causales de nulidad invocadas por el fisco.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.
