A pesar de que Contraloría no vislumbra inconvenientes en la disolución voluntaria de una Corporación, es necesario que el legislador delimite los efectos de la misma. Además, recuerda al personal de CORMUCENA que el artículo 4 inciso segundo del Código Laboral resulta aplicable para efectos de la continuidad del vínculo laboral y derechos laborales.

El recurrente acusó que no fue respetado su derecho a ser asistido por un abogado y a guardar silencio, sin embargo, no pudo acreditar qué elementos de su declaración resultaron perjudiciales o autoincriminatorios.

Los fallos acompañados no pueden versar sobre hechos que difieran del elemento sustancial que se pide unificar.

La referida carga pública impuesta por el Estado provincial, no autoriza a concluir en principio que la normativa impugnada se inmiscuya en el poder de policía bancario y financiero que le corresponde a la Nación.

El informe plantea que, en lo que se refiere a las restantes modificaciones planteadas por el ejecutivo, cabe tener en cuenta que tal como indica su fundamentación, parecen limitarse a dirimir aspectos técnicos del proyecto, sin cuestionar sus fundamentos o sentido, razón por la que no parecen ameritar mayores observaciones, salvo en lo que se refiere a dos errores formales que pueden apreciarse en los artículos 1 y 13 de la propuesta

La Sala respaldó la moción de un grupo de senadores que dispone que, en el último informe de resultados preliminares entregado por el Servel se deberá mostrar y permitir el acceso de todas las personas, a las copias digitalizadas o escaneadas de las actas de escrutinios de cada mesa receptora de sufragios.

El objetivo es corregir las desigualdades surgidas en el pasado segregacionista de Estados Unidos y aumentar la proporción de estudiantes afrodescendientes, hispanos o de pueblos indígenas, que siguen estando subrepresentados en la educación superior.

La jurista irlandesa Siofra o´Leary es, desde este 1 de noviembre, la nueva presidenta del Tribunal de Estrasburgo convirtiéndose en la primera mujer que encabeza el TEDH desde su creación en 1959. O´Leary sustituye en el cargo al islandés Robert Spano que llevaba 9 años en la presidencia del principal tribunal de derechos humanos de la UE.

El requirente alega que el incumplimiento no le es imputable y que la aplicación del precepto legal infringe sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, del debido proceso, la propiedad y la seguridad jurídica.

Al amparado se le expuso a purgar efectivamente la pena pecuniaria que le fue impuesta mediante medida de reclusión, por lo que le afecta la libertad personal.