La requirente estima que la decisión del Ministerio Público de no perseverar contraviene la Constitución y en particular su derecho a perseguir penalmente al imputado.

La entidad pasó por alto una circunstancia de posible violencia económica contra la mujer, lo cual termina por naturalizarla.

La requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada y vulnera el debido proceso al no permitir instancias para controvertirla.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el SENAME deberán ajustar sus actuaciones a las consideraciones expuestas.

El Pleno emitirá pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las normas del proyecto que regulen una materia propia de ley orgánica constitucional.

El ente contralor se limitó a emitir un pronunciamiento sobre la legalidad del proceso sumarial, pues no le corresponde la determinación de aplicar una medida disciplinaria.

Resulta connatural a toda elección que puedan existir amplias o mínimas diferencias entre las opciones a elegir, pero dicha constatación, en principio, no da lugar a un cuestionamiento general del resultado de la elección si no se aprecia trascendencia en el resultado final.

La norma impugnada incurre en una discriminación arbitraria e impide el acceso a un recurso útil.

La normativa se debe interpretar en protección de la maternidad y del hijo que está por nacer.

Incorpora una tercera opción registral de la categoría sexo/género del documento nacional de identidad, a fin de reconocer el ejercicio a la autodeterminación de las personas intersexuales.