Normas que facultan al Ministerio Público comunicar su decisión de no perseverar en el procedimiento y que exigen formalización de la investigación para fundar acusación, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.
La requirente estima que la decisión del Ministerio Público de no perseverar contraviene la Constitución y en particular su derecho a perseguir penalmente al imputado.