El Tribunal de alzada descartó infracción en la resolución pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que anuló la sanción.
La sentencia impugnada aplicó erradamente el plazo previsto en el artículo 2332 del Código Civil, toda vez que debe primar la norma especial.
La gestión pendiente incide en autos seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de hecho.
Se lo privó de la posibilidad de ser oído y de rendir prueba acorde a su pretensión.
La disposición cuestionada hace una diferencia entre las Instituciones de Educación Superior que se les niega la acreditación y aquellas a las cuales se les otorga un número de años de acreditación que les impide el acceso a ciertos beneficios para sus alumnos.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que la facultad legal del juez penal para establecer, mediante auto motivado, restricciones al principio de publicidad en la etapa del juicio oral por motivos del interés de la justicia no desconoce la libertad de información ni el derecho de participación.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de apelación, seguido ante la Corte de Concepción.
El Partido Verde solicitante manifestó que el gobierno federal ha venido impulsando, mediante la aplicación de las disposiciones, una “intervención blanca” en las instituciones, violando los principios constitucionales de autonomía e impersonalidad universitaria y moral pública y la jurisprudencia del STF en la materia.
El ente contralor adujo que estas normas e instrucciones son, por ejemplo, las relativas al cálculo de los reajustes e intereses penales que procede aplicar respecto de las cotizaciones previsionales que se paguen con retraso.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Pozo y de la Ministra Silva, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, por concurrir la causal prevista en el artículo 84 N° 5 de la LOCTC.
