La sentencia impugnada aplicó erróneamente la norma señalada.
Se atribuía a la entidad accionada la vulneración de derechos fundamentales al negarle a una ciudadana la práctica de procedimientos ordenados por el médico tratante, correspondientes a procesos postquirúrgicos del bypass bariátrico que le fue realizado previamente, los cuales eran necesarios para completar el proceso de recuperación de su funcionalidad total.
El argumento que se invoca para aplicar supletoriamente el Código del Trabajo no tiene sustento.
Las lesiones a los derechos fundamentales imputables al empleador en el marco del procedimiento de tutela rara vez se presentan en forma explícita.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La reclamación fue interpuesta fuera del plazo que prescribe el artículo 83 de la Ley N°20.529.
Le da el carácter de delito a la usurpación y establece como pena de simples delitos la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
Así sería la Constitución feminista que la RAE no quiso reformar.
La calidad de enfermo terminal será certificada por un Consejo Médico designado por la Superintendencia de Pensiones.
Esto, a propósito de solicitud del diputado Fidel Espinoza, quien solicitó una investigación respecto de la actuación de dicha Municipalidad en una licitación pública que, según expone, se habrían cometido una serie de irregularidades que terminaron por favorecer a una empresa.
