El tribunal de alzada determinó que la documentación entregada por la empresa es de carácter público, desde que obra en poder de un órgano público y fue objeto de análisis por otras entidades administrativas.
Un empleador puede incurrir en responsabilidad según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades por no adaptarse a la discapacidad de un empleado. Según la Ley, el empleado debe solicitar una “adaptación plausiblemente razonable”. En el caso concreto, ello no ocurrió.
El conflicto planteado no puede ser dilucidado mediante una acción de naturaleza cautelar como lo es el recurso de protección.
Con casi la totalidad de los votos de los senadores a favor, la Sala del Senado apoyó las ideas matrices de la iniciativa del Ejecutivo.
No cabe duda de que, entre los datos que los ciudadanos procuran reservar con mayor celo del conocimiento de otras personas están los correspondientes a su situación económica.
Los tratados no tienen plazo fijo para su ratificación, promulgación y posterior publicación. No se aplican los plazos constitucionales para promulgar y publicar las leyes aprobadas. La remisión al procedimiento de formación de la ley es solo para la aprobación de los tratados internacionales por parte del Congreso.
Los derechos fundamentales de los trabajadores representan un límite infranqueable del ejercicio de la potestad del empleador, lo que no queda restringido solo al ámbito teórico, sino que, por el contrario, tiene una aplicación a cada caso concreto como el que se plantea en la especie.
Dada la continuidad y regularidad con que continuarán las clases durante el año 2023, se estableció que los establecimientos escolares deben ajustar tempranamente su plan de mejoramiento educativo, y planificar el uso de sus recursos.
El municipio de Lo Barnechea pretendió cobrar el monto adeudado por pago de patente comercial, respecto de una sociedad cuyo giro y actividades no se encuentra gravados por la Ley de Rentas Municipales.
La Corte determinó que el decreto alcaldicio que puso término al contrato se encuentra debidamente fundamentado, tanto en las bases, en el contrato de licitación, en la Ley N° 19.886 y en los hechos, que fueron constatados directamente por el Secretario Municipal.
