SERNAPESCA denunció que los particulares no contaban con la documentación que acreditara el origen legal del producto, constando que la especie se encuentra en un período de veda extractiva, lo que impide su libre explotación.
No se configura el delito de receptación de vehículo, sino que se trata de un robo en bien nacional de uso público, alega la defensa, por lo que se debe invalidar el juicio y la sentencia.
Fue acusado de adueñarse de una parte de los fondos destinados a la construcción del muro en la frontera con México, una de las promesas del gobierno de Donald Trump. Ya había sido condenado al negarse a cooperar con la justicia en el marco de la investigación por el asalto al Capitolio, ocurrido en enero de 2021.
El Tribunal de alzada ratificó íntegramente la resolución de primera instancia. Esta sentenciadora considera procedente desestimar la alegación opuesta por la demandada, referida a que el asegurado habría incumplido su obligación de cuidado medio u ordinario dispuesta en la cláusula primera del título tercero del condicionado general de la póliza, y que, sustantivamente, corresponde a una excepción de contrato no cumplido.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de Fonasa al denegar la cobertura del tratamiento que podría frenar el deterioro en la salud del paciente.
La magistrada acogió la demanda de indemnización de perjuicios, tras dar por probada la responsabilidad del municipio en el accidente, por falta de servicio.
Los acusados Ghislaine Monserrat Reyes Gazzo y Luis Alberto Arancibia Saldaña, suministran a la asociación instrumentos para cometer los ilícitos y medios logísticos tales como botellas, combustible, domicilios para fabricar y acopiar bombas molotov, máscaras antigases, resorteras, escudos, fuegos artificiales y dinero que obtenían y también transferían a cuentas Rut para la compra de combustible y otros insumos
La sanción que le fue impuesta tuvo un efecto amedrentador sobre él y fue desproporcionada al fin que perseguía. La aplicación de la figura penal de injurias graves en el caso bajo análisis constituyó un medio indirecto de restricción a la libertad de expresión al afectar sus ámbitos individual y social.
El requirente alega que establece un mecanismo sancionatorio sin que la multa se encuentre graduada en función de la gravedad de las contravenciones punibles a sancionar, lo que contraviene diversas normas constitucionales. También solicita se declare inaplicable la norma que niega el recurso de casación en los procedimientos seguidos ante los jueces de policía local.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, por manifiesta falta de fundamento.
