Al circunscribir el concepto de «accidente», en el sentido del artículo 17, apartado 1, del Convenio de Montreal, a un conjunto de acontecimientos intrínsecamente relacionados que se suceden, sin interrupción, en el espacio y en el tiempo, esta disposición permite que los pasajeros sean indemnizados fácil y rápidamente.

El acusado intentó anular la sentencia alegando que la policía no advirtió el derecho que tenía su hermana de negarse a declarar en contra de un familiar, circunstancia que fue desechada por el máximo Tribunal al verificar la situación de flagrancia en la que se encontraba el imputado.

CFA sugiere incluir el principio de sostenibilidad fiscal, así como una serie de perfeccionamientos sobre cómo se abordan diversas materias, entre ellas, la iniciativa presidencial de gasto; la gestión presupuestaria; las finanzas públicas subnacionales; el control de presiones de gasto público originadas por los tribunales de justicia; las reglas fiscales; la información y apoyo técnico para las políticas y finanzas públicas, y la responsabilidad fiscal en empresas públicas.

El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que confirmó la de primer grado que acogió la acción.

En la sentencia, el juez estableció la responsabilidad de la recurrida por la negligencia y falta de servicio en que incurrieron tanto en el hospital de Galvarino como en el de Lautaro, al no haberse ordenado la hospitalización inmediata de la paciente.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario o ilegal de la recurrida, al denegar el beneficio solicitado por un condenado por un crimen de lesa humanidad.

AFUNPRO propone que el texto constitucional debe garantizar el acceso a la justicia como derecho fundamental, por ser una de las obligaciones principales del Estado, asegurando el respeto de los derechos humanos de todas las personas sin distinciones de ninguna especie. Así mismo, el texto debe reconocer un derecho general a la tutela judicial efectiva, con todas las obligaciones que para el Estado importa, y una garantía del debido proceso, que comprenda tanto el proceso civil como el proceso penal.

La Comisión de Minería y Energía también abordó la investigación que realiza el Ministerio Público por tráfico de influencias en el Ministerio de Energía en el marco de la tramitación de la ley de estabilización de los precios de la electricidad.

La Comisión de Salud se encuentra analizando la moción de los senadores Castro González, Chahuán, Flores, Macaya y Kast, que limita el ejercicio de estas intervenciones a médicos cirujanos acreditados que laboren en un centro médico debidamente equipado.

La intervención de los jueces, estuvo ajustada al procedimiento legal correspondiente y la defensa hizo uso del derecho legalmente establecido, de apelar de la resolución que mantuvo la medida cautelar. Ministro Samuel Muñoz previno que no corresponde que una Corte revise lo resuelto por otra Corte de Apelaciones; y constituye una distorsión al sistema jurídico, que se alegue, bajo el pretexto de una acción de amparo, los argumentos de fondo respecto de la revisión de una medida cautelar personal.