El principio de transparencia y publicidad es la norma general para los organismos públicos, y la negativa a entregar información solo debe sustentarse en causales legales o constitucionales que en este caso no concurren.

Estas son solo algunas de las muchas grandes películas jurídicas latinoamericanas que se han hecho en los últimos años. Cada película ofrece una perspectiva única sobre el sistema legal, la justicia y la experiencia humana en el contexto latinoamericano.

La niña, en cuyo favor se recurre, actualmente se encuentra con su madre por lo que no se advierte ilegalidad.

El CBR señaló que el artículo 41 de la Ley 18.196 considera a la titular como separada de bienes sólo respecto a la celebración de la compraventa, mutuo e hipoteca, no pudiendo celebrar un acto jurídico distinto como lo es la renuncia a los gananciales.

Como es de público y notorio conocimiento, contar hoy en día con internet no es un lujo, sino una necesidad, y no solo a los fines de esparcimiento, sino también para la educación, el trabajo, y la interconexión con los demás. El acceso a Internet es considerado, hoy, un derecho humano altamente protegido.

La actora alegó que no era necesario contar con la recepción de las obras, sino que bastaba con la finalización de las obras de captación y uso de las aguas para eximirse del pago de patentes por no uso, argumento que fue desechado por la Corte.

Desestimó recursos de inconstitucionalidad dirigidos contra disposiciones del Código de la Familia y otras normas que contienen las frases “matrimonio entre un hombre y una mujer” y “se prohíbe el matrimonio entre individuos del mismo sexo”. Para la Corte, el matrimonio igualitario es una mera aspiración que no posee reconocimiento convencional y constitucional.

Los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, a menos que un precepto legal así lo establezca.

Determinó que las pretensiones de nulidad de un procedimiento sumarial o de una anotación, de acuerdo a la doctrina asentada en los dictámenes N°2768/155 del 2002 y N°1480/47 del 2005, deberán presentarse ante los Tribunales de Justicia.

La propuesta considera tanto a la Constitución vigente como el Derecho Comparado e Internacional de los Derechos Humanos, y el proyecto de la Convención Constitucional, buscando conciliar posturas y lograr un avance en el Derecho Constitucional chileno.