Distinto es que si no se da cumplimiento a los plazos previstos para su tramitación pueda ser rechazada o no dar lugar a cobrar el subsidio correspondiente.
No se advierte vicio de ilegalidad que justifique la devolución de lo pagado por contribución de patente comercial, máxime si se tiene presente que ha sido la reclamante quien pagó –sin objetar- las cuotas comprendidas entre julio de 2018 y enero de 2020 que ahora desconoce.
Además, deben modificar el sistema de turnos que los rija, permitiendo el descanso de los dos domingos al mes calendario en el mes anterior o inmediatamente posterior a aquel en que se efectúa una votación popular.
El expansivo aumento de los flujos migratorios clandestinos ha tenido repercusiones en el fenómeno criminal, que deben ser abordadas tanto en relación con el proceso de investigación y persecución penal, como en relación con el derecho sustantivo que establece el marco de sanciones para determinadas conductas.
Si bien las conmemoraciones y actividades previstas en la norma impugnada refieren a dos figuras que pertenecen a una religión determinada, solo lo hacen en la medida en que se vinculan con la historia y la tradición cultural de la Provincia de Mendoza.
El máximo Tribunal adopta esta decisión al verificar que la aplicación irrestricta de la ley 21.249 (que imposibilitó el corte de servicios básicos durante parte de la pandemia) beneficia a los ocupantes irregulares del inmueble de la recurrente, pues se generaron deudas a su nombre por consumos que realizaron los primeros.
En tal hipótesis surge la supletoriedad del procedimiento de aplicación general, según lo dispuesto en el artículo 432 del Código del Trabajo.
En zonas aisladas del país se deben recorrer largas distancias para trasladarse a los centros de salud que cuenten con maternidad u otras especialidades médicas para el parto.
La negociación colectiva está dotada de un marco claro de actuación que debe respetarse, y a tal efecto las previsiones del convenio colectivo no pueden verse modificadas por decisiones unilaterales del empresario ni por la autonomía individual, en tanto que ello implica eludir el derecho de negociación.
La bancada encabezada por la senadora Paulina Núñez expresó la necesidad de que el Gobierno “invoque la Ley de Seguridad del Estado, ya que el ultraje a la bandera es un delito contra el orden público y esta acción le corresponde al Ministerio del Interior.”
