La decisión que omite esas consideraciones infringe el artículo 11, inciso 2° de la Ley N° 19.880, que establece que aquellos actos de la Administración que afectaren derechos de particulares deberán siempre expresar tanto los hechos como los fundamentos de derecho que le sirven de sustento.

A diferencia de la SEGPRES, SEGGOB, Dirección Administrativa de la Prescindencia y Ministerio de Desarrollo Social y Familia, no tiene el deber de comunicar a la ciudadanía sobre el proceso electoral constitucional pasado.

Cuando el artículo 258 del Código Procesal Penal faculta al juez para autorizar la acusación formulada por el querellante, rigen las mismas limitaciones que tiene el Ministerio Público para acusar.

Las familias conformadas por parejas del mismo sexo no deben ser sometidas a trámites administrativos innecesarios porque afectan de manera grave tanto a la madre como al hijo menor de edad, ambos sujetos de protección constitucional reforzada.

La Clínica Alemana de Temuco intentó cobrar más de 37 millones de pesos a paciente por servicios inicialmente catalogados como urgentes, no fue capaz de demostrar el monto exacto del valor de los cuidados prestados una vez que el paciente se encontraba ya fuera de riesgo vital.

En el año 2017, según el “Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana 2016”, Chile estaba entre los países con peor conocimiento cívico.

Tenía derecho a salir de Dinamarca y viajar a Siria, pero no al distrito de al-Raqqa. Pudo solicitar permiso al Estado para ir allí si hubiera tenido una razón legítima. Las restricciones solo se aplicaron a áreas en donde existe actividad terrorista, para garantizar la seguridad de los daneses.

El tiempo que se mide para el cálculo respecto a estas citaciones, transcurre desde el traslado hasta la extensión total de la reunión con las autoridades administrativas.

El cierre de la investigación no tiene relación con que se mantengan o dejen sin efecto las medidas cautelares personales.

La expropiada buscó incrementar el monto de la indemnización provisoria, argumentando que la prueba acompañada en juicio no fue debidamente ponderada por la judicatura de fondo, lo que fue considerado por el máximo Tribunal como un intento de modificar los hechos asentados en la causa.