En los delitos de violencia de género no es necesaria la denuncia de la víctima, debiéndose castigar una vez que se tiene conocimiento de su comisión. Basta con el simple hecho de la retransmisión en directo de la bofetada para que los poderes públicos desplieguen el ámbito de protección de la víctima, con independencia de que ella se reconozca como tal.

El requirente estima que el plazo contemplado constituye un obstáculo irracional para su derecho a una tutela judicial efectiva.

Tres altos ex ejecutivos y diecisiete particulares deben pagar solidariamente la indemnización a la que fueron condenados, por su participación, beneficio o provecho en un fraude desarrollado entre los años 2008 a 2012 en contra de la institución bancaria, y que involucró desvíos de dinero por más de 24 millones de dólares.

No correspondía prescindir del valor probatorio de las manifestaciones de la acusada relativas a que era víctima de abuso sexual y que disparo para defenderse del intento de violación, y de la deficiencia mental e intelectual que padece.

El requirente alegó que los preceptos impugnados vulneran sus garantías de igualdad ante la ley, derecho de asociación, libre contratación en el ámbito laboral, derecho a desarrollar una actividad económica, derecho de propiedad y la autonomía de los grupos intermedios

La demandante pidió que la AFP en la que está afiliada rinda cuentas sobre la administración de su fondo de pensiones, materia que debe ser conocida por la judicatura laboral, por mandato expreso del artículo 420 letra c) del Código del Trabajo, por lo que, al negar la tramitación, los jueces de fondo han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.

Si bien no puede pasarse por alto el hecho de que la divulgación impugnada se llevó a cabo mediante la sustracción de datos y la violación del secreto profesional al que estaba obligado el demandante, el peso relativo de la información divulgada superó todos los efectos perjudiciales a causa del interés público que suscitó.

SERNAPESCA denunció que los particulares no contaban con la documentación que acreditara el origen legal del producto, constando que la especie se encuentra en un período de veda extractiva, lo que impide su libre explotación.

No se configura el delito de receptación de vehículo, sino que se trata de un robo en bien nacional de uso público, alega la defensa, por lo que se debe invalidar el juicio y la sentencia.

Fue acusado de adueñarse de una parte de los fondos destinados a la construcción del muro en la frontera con México, una de las promesas del gobierno de Donald Trump. Ya había sido condenado al negarse a cooperar con la justicia en el marco de la investigación por el asalto al Capitolio, ocurrido en enero de 2021.