El actor aprobó la última asignatura de su plan de estudios en el año 2009, época en que inició el cómputo del plazo referido.
Además, no se acreditó que la antena de Claro Chile S.A. emita ondas excediendo la frecuencia autorizada por la autoridad.
La doctrina ha sostenido que la violencia supone el empleo efectivo de fuerza física dirigida a una persona de manera inmediata, siendo la razón de ser de la calificante el debilitamiento de la defensa privada.
El requirente alega que se infringe su derecho de acceso a la información pública, y con ello la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Decimosexto Juzgado Civil de Santiago, que desestimó la demanda.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e insuficiente de las autoridades recurridas para hacer frente a los hechos delictivos que se reiteran en la zona sur del país.
El máximo Tribunal desestimó el arbitrio al no acompañar la recurrente sentencias de contraste homologables con la materia resuelta en la cuestionada.
Las requirentes alegan que se vulnera su derecho a defensa.
Las resoluciones deben referirse únicamente a lo solicitado por el administrado, sin extenderse a hechos no mencionados por él.
El Ministerio Público tiene la calidad de ente persecutor, sin que sus estrategias puedan ser develadas en favor del abogado que representa los intereses del imputado, pues esto puede frustrar una adecuada investigación.
