El Tribunal condenó a la demandada pagar al Fisco los intereses corrientes adeudados, devengados desde la fecha en que la sentencia sanitaria, resolución exenta del 13 de enero de 2015, le fue notificada, el 17 de febrero de 2015, y hasta su pago efectivo.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar por estar en peligro la vida del recurrido.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 15° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda al no acreditarse la falta de servicio del municipio en el accidente.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primera instancia que acogió la demanda.
La Corte de Arica indicó que, el acto ilegal y arbitrario vulneró la garantía constitucional prevista en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
El máximo Tribunal rechazó la excepción de falta de legitimidad pasiva del Serviu.
La Corte de San Miguel declaró inadmisible el recurso.
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La amparada tendría un perfil de alto compromiso delictual.
La audiencia en la que se resolvió el reingreso era de quebrantamiento de condena.
