Estableció la vulneración de derechos fundamentales de los internos del recinto penal, al verificar que existe un único patio, común a todos los internos y que solo algunos tienen acceso al mismo, entre otras deficiencias, lo que no se condice con la obligación de proporcionar a las personas privadas de libertad un trato digno y humanitario.

El connacional, es sindicado por su presunta participación en una red criminal dedicada a traficar estupefacientes hacia Argentina a través del paso Cristo Redentor. En abril de 2012 fue sorprendido por personal policial trasandino, en la provincia de San Luis, ingresando marihuana y cocaína escondidas en su vehículo.

El máximo Tribunal invalidó de oficio la sentencia recurrida de queja dictada por la Corte de Santiago, que acogió el reclamo de ilegalidad que impidió la entrega de dicha información. Sin embargo, ordenó retrotraer el proceso al estado de notificar a los terceros afectados por solicitud de información inicial.

El requirente alega que al permitir la norma legal objetada la notificación del deudor en un lugar diferente a su domicilio se afecta su derecho a defensa y vulnera la igualdad ante la ley.

La exigencia de deshacerse de uno de ellos descansa únicamente en una prohibición contenida en el Reglamento de Copropiedad que se extralimita en su regulación, sin expresión de los hechos concretos que fundamentan la solicitud.

El requirente alega que se aplica la norma de forma arbitraria vulnerando su igualdad ante la ley, el debido proceso, la dignidad humana, entre otras garantías constitucionales.

El local acreditó que el consumidor dejó la mochila encima del mesón de custodia y no siguió con el procedimiento de rigor con que operan los servicios de custodia.

La empresa pudo acreditar que la desvinculación del actor obedeció a factores fortuitos ajenos a su voluntad, debido a la ostensible disminución de ventas de pasajes de transporte aéreo con ocasión de la crisis sanitaria del Covid-19. Asimismo, el máximo Tribunal estimó que el trabajador pretendía mediante el arbitrio alterar los hechos asentados en la causa.

El requerimiento de información que hiciera la SEC a la CGE se relaciona con una solicitud efectuada por la Municipalidad de Coronel referida a un cambio tarifario.

Si bien los apremios de suspensión de licencia y orden de arresto fueron dejados sin efectos, el arraigo igualmente debe ser dejado sin efecto por no existir mérito que lo justifique.