La sanción accesoria por reincidencia no puede ser más severa, si los delitos de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad fueron cometidos antes de la modificación introducida por la Ley 20.580.
La naturaleza de la acción de protección es claramente tutelar y ahí radica la diferencia con las acciones ordinarias de conocimiento, pues, los derechos constitucionales no son declarados, dado que preexisten y lo único que se determina a través de la acción de protección es si concurre la violación de derechos constitucionales.
Las Bases de Licitación facultan a la entidad licitante para dejar sin efecto la adjudicación en caso de que el adjudicatario no cumpla con la entrega de los documentos exigidos, y permiten seguir el proceso con otro oferente que sí de cumplimiento a lo requerido.
La iniciativa busca establecer el reconocimiento expreso a las acciones de comunicación social, desarrolladas de manera menos formal, en el contexto del pleno ejercicio de la libertad de opinar e informar, bajo la referencia al periodismo independiente.
En razón del artículo 23 de la Ley N°18.287 el juez sustituyó la multa impaga por 5 días de arresto nocturno, decisión ajustada a derecho según la Corte de Valparaíso y confirmada por el máximo Tribunal.
Se condena a las concesionarias como infractoras reincidentes del derecho de las personas sordas de acceder en igualdad de condiciones con las demás y sin discriminación por motivos de discapacidad, a las informaciones de los bloques noticiosos transmitidos por situaciones de emergencia o calamidad pública.
El máximo Tribunal estableció error de derecho en la resolución impugnada, dictada por el Primer Tribunal Ambiental, al no tramitar las impugnaciones presentadas por las organizaciones que representan a los vecinos que podrían verse afectados por el emplazamiento y operatividad del relleno sobre una falla geológica activa.
La Fiscalía de Chile confirmó la existencia de una “base de operaciones” de la peligrosa banda de narcotráfico “Tren de Aragua” a pocos kilómetros de Santiago.
Existe un prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua, que ha derivado en la perpetuación de la crisis de derechos humanos en el país, así como en la generación de una situación de impunidad estructural respecto de las graves violaciones cometidas.
Aunque se reconoció la adopción de medidas por parte del municipio tendientes a mitigar la crisis hídrica que afecta a la localidad, estas son insuficientes, configurándose de esa manera un comportamiento omisivo de la entidad edilicia, que vulnera los derechos fundamentales de los protegidos.
