El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Octavo Juzgado Civil de Santiago, que rechazó el cobro de contribuciones extintas.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por Juzgado de Policía Local de Talagante, excepto en la parte que condenó al recurrente al pago de las costas.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra la sentencia, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que desestimó la demanda.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en la parte que condenó a la reclamante y a Laboratorios Sanderson S.A. (que no recurrió), a pagar una multa de 200 UTA cada una, por coludirse con el objetivo mantener el control de la provisión de suero fisiológico.
El Tribunal estableció que la empresa no justificó la desvinculación del trabajador y le ordenó pagar al demandante: $780.000, de indemnización sustitutiva de aviso previo; $780.000, de indemnización por un año de servicio; el recargo legal (50%) por la suma de $390.000, y por feriado proporcional, la suma de $210.011.
El derecho a la vida y la protección a la libertad religiosa y de culto son derechos humanos fundamentales. Ésta última se ve seriamente afectada por la destrucción de los lugares de culto.
Lo que busca la ley es fortalecer la capacidad de supervisión, fiscalización y sanción de la administración electoral, y así evitar que el dinero sucio proveniente del narcotráfico u otras actividades criminales terminen financiando a los partidos políticos, sobre todo en el marco de un proceso electoral como el de nuestro bicentenario.
La gestión pendiente incide en autos sobre denuncia de práctica antisindical, seguido ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
El recurrente estimó atropellados sus derechos a ejercer su actividad económica y libre emprendimiento.
La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Letras, Garantía y Familia del Baker-Chrane, en los que el juez requirente conoce de denuncia en la que particulares son acusados de poner en riesgo la salud pública, al infringir medidas de aislamiento.
