En la especie, la demanda ejecutiva se notificó con posterioridad al plazo de un año establecido en la Ley N°18.092, por lo que los jueces de fondo debieron declarar prescrita toda la deuda y no sólo una porción de ella.

Con las atribuciones necesarias para evitar la inmigración ilegal y proteger la dignidad y los Derechos Humanos de las personas migrantes.

Cuando se trata de buques que cumplieron con el deber fundamental de prestar auxilio a las personas que se encuentran en peligro en el mar, las normas de seguridad no serán consideradas cuando las personas se encuentren a bordo, pero sí cuando hayan terminado de desembarcar.

El recurrente fue sorprendido por la policía retirándose de un inmueble en la madrugada y dejando el lugar desprotegido, acto anormal y sospechoso que originó la detención del imputado por el delito de robo en lugar habitado.

¿Cuáles son las implicancias jurídicas de las opciones “Aprobar para reformar” y “Rechazar para reformar” en el marco del proceso constituyente chileno?

La estabilidad laboral reforzada consiste en el derecho fundamental que tienen los trabajadores a permanecer en el puesto de trabajo y obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del empleador, si no existe una causa objetiva que justifique el despido.

El derecho de los ciudadanos estadounidenses a llevar armas fue legalmente consagrado en 1791, cuando se aprobó la llamada Segunda Enmienda de la Constitución norteamericana, que dice: «Siendo una milicia bien preparada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho a tener la responsabilidad de un arma no debe ser vulnerado».

La Primera Sala del tribunal de alzada revocó parcialmente la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, en la parte que no reconoció que le favorece al sentenciado la minorante de responsabilidad penal de la irreprochable conducta anterior.

El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.

Es necesario agotar la investigación para determinar la fecha exacta de ejecución de todas y/o de cada una de las conductas ilícitas que se atribuyen a los inculpados.