La magistrada, puntualizó que con la documentación adjunta por el Estado requirente, se podía justificar la persecución penal contra el requerido en un juicio de lato conocimiento, para determinar la culpabilidad o inocencia del encartado respecto del asesinato en el que se le atribuye participación.

El tribunal tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia de los delitos como la participación culpable de los condenados en los hechos.

Respecto a la importancia de la diligencia, el ministro Marcelo Hernández dijo que pudieron constatar “los elementos de contexto, la geografía, la fisiografía del terreno y la caracterización visual de los residuos que todavía están presentes en los terrenos”.

La solicitud de resolución busca actualizar dichos términos establecidos en el artículo 13 de la Ley 18.910, que sustituye la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

La Segunda Sala del tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta,  al considerar que la prisión preventiva de los imputados se torna desproporcionada, a la luz de los nuevos antecedentes allegados.

Ministra en visita de la Corte Marcial encausó al ex director de finanzas del Ejército, agregando el cargo de autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos, perpetrado entre abril y noviembre de 2010.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que mediante diversas técnicas investigativas, y en el contexto de una investigación seguida por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile contra una agrupación delictiva dedicada a la internación de remesas de droga al territorio nacional a través de contenedores destinados a la importación de plátanos desde Ecuador, los que eran acopiados en frigorífico de la Región Metropolitana.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe los principios de legalidad, culpabilidad, presunción de inocencia y proporcionalidad, desde que a pesar de que el tipo penal se encuentra consagrado en Decreto con Fuerza de Ley y no en una Ley en sentido estricto, vulnera los principios de legalidad, culpabilidad, presunción de inocencia y proporcionalidad.

A diferencia de las reglas contenidas en el D.L. N°409 y en el D.S. N°64, el legislador innovó incorporando a los tribunales ordinarios o especiales con competencia penal, para los efectos de ordenar al Servicio de Registro Civil e Identificación la eliminación o la omisión de antecedentes penales, según corresponda.

El artículo 186 del Código Procesal Penal nada dice sobre un presunto derecho del investigado y formalizado a conocer si existen otras investigaciones en su contra, que pudieren dar lugar a reformalizaciones o nuevas formalizaciones, informó el recurrido.