La intervención policial fue impartida al amparo del artículo 80 del Código Procesal Penal, por el órgano a quien, constitucional, pública y autónomamente, le corresponde dirigir, exclusiva y objetivamente, las investigaciones penales y el ejercicio de la acción penal pública.

El actor notó la presencia de los agentes en el sector por el cual circulaba, y se desprendió de una bolsa de género negra, la que contenía más de setenta papelillos de pasta base. Al momento de su detención el imputado se resistió al arresto mordiendo a uno de los policías, causándole lesiones.

Ex trabajador de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, denunció que no fueron pagados los montos previsionales correspondientes a las horas extraordinarias trabajadas desde julio del año 2012 hasta febrero del año 2018, incurriendo el ex empleador en la sanción de los incisos quinto, sexto, y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.

Aun sin antecedentes penales valorables a fines de reincidencia, cuenta en su biografía delictiva, con varios comportamientos relacionados con la violencia de género, circunstancia personal que debe ser tenida en cuenta en orden a la individualización de la pena.

El acusado huyó al notar la presencia policial en el sector por el que transitaba, y los funcionarios al dar alcance al actor notaron que en su cinto portaba un objeto extraño, por lo que registraron al imputado y verificaron que portaba un revolver sin el permiso respectivo.

Constituye una mayor peligrosidad en su actuar con absoluto desprecio a la vida de las personas que en ese momento circulaban por el sector de la colisión, por cuanto era una persona de 77 años que transitaba por la vereda.

Estos contratos están sujetos a la autonomía de la voluntad y al principio de libertad de pactos, en los términos previstos en el Código Civil. En consecuencia, el respeto al principio de libertad de fijación de la renta forma parte de las bases de las obligaciones contractuales.

Cinco funcionarios del departamento de salud del municipio de Alto Biobío fueron cesados en sus cargos, al no poseer ideas políticas afines con las del alcalde de la comuna, lo que vulneró la legítima expectativa en la renovación del contrato, así como el derecho a no ser discriminado arbitrariamente.

Se les acusa de realizar actos incompatibles con su función a través de redes sociales. Si bien las investigaciones siguen en curso, ya habrían sido sancionados con el bloqueo de sus cuentas por su marcado activismo político.

.Si bien las formas de expresión que utilizaban el humor están protegidas por el artículo 10 de la Convención, también es cierto que están sujetas a los requisitos establecidos por la norma. El derecho al humor no significa que todo esté permitido, y todo aquel que reclame el beneficio de la libertad de expresión también asume deberes y responsabilidades.