El que organiza carreras no autorizadas será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo (61 días a 540 días) y multa de 8 a 20 unidades tributarias mensuales. Pero si el organizador obtiene algún beneficio económico para él u otra persona, se le aplicará la pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años) y multa de 20 unidades tributarias mensuales.

El magistrado acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía por considerarlas proporcionales y adecuadas a los fines del procedimiento. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.

Si el contrato fue verbal se debe tener debidamente en cuenta todas las circunstancias relevantes del caso, incluidas las negociaciones, costumbres y toda conducta posterior de las partes, por lo que es obvio suponer que el comprador quería utilizar a Totilas como semental reproductor, pues por algo pagó una suma elevada de dinero.

No se podrá condicionar en ningún caso la incorporación, la asistencia y la permanencia de los y las estudiantes a que consuman algún tipo de medicamento para tratar trastornos de conducta, tales como el trastorno por déficit atencional e hiperactividad. El establecimiento deberá otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los y las estudiantes.

Si bien se mostró llana a su entrega, en sede de transparencia, no se verificó su remisión al reclamante. También se comprobó que no tuvo vinculación directa con la organización y producción del evento.

La Corte consideró que no se mencionaron hechos que afecten garantías constitucionales amparadas por la acción de protección.

En el marco del caso “Ruby”, Berlusconi había sido acusado de mantener relaciones sexuales con una menor de edad y de silenciar mediante millonarios pagos a los testigos del caso, arriesgando por ello una pena de 6 años de cárcel. La decisión se adopta luego de un largo proceso que generó gran expectación en la prensa italiana.

Un exhaustivo trabajo está realizando la Comisión de Constitución del Senado en torno a esta iniciativa que busca ampliar la responsabilidad penal de las empresas, sistematizar los ilícitos económicos y ambientales y establecer sanciones acordes. El Ejecutivo le fijó urgencia al trámite.

La intervención policial fue impartida al amparo del artículo 80 del Código Procesal Penal, por el órgano a quien, constitucional, pública y autónomamente, le corresponde dirigir, exclusiva y objetivamente, las investigaciones penales y el ejercicio de la acción penal pública.

El actor notó la presencia de los agentes en el sector por el cual circulaba, y se desprendió de una bolsa de género negra, la que contenía más de setenta papelillos de pasta base. Al momento de su detención el imputado se resistió al arresto mordiendo a uno de los policías, causándole lesiones.