El Juez civil es el competente para recibir alegaciones o peticiones en la materia, y no las Cortes en sede cautelar.
No se explica en la decisión impugnada cuáles son los datos que surgen de la prueba que permitan descartar, con la certeza requerida para dictar una condena, que el hijo no murió por una hipoxia fetal de base, no provocada por la aspiración de líquido amniótico meconial.
El inciso 2° del artículo 1018 establece una exigencia precisa, cual es, el mencionar en el testamento la circunstancia de no saber o no poder firmar el testador, disposición legal que el tribunal no puede omitir, aunque el testador sea ciego, debido a que es una de las formalidades esenciales del acto solemne.
Resultaba procedente que se comunicaran los cargos al curador ad-litem designado, y luego de ello se discutieran eventualmente medidas cautelares o una internación provisional, lo que no ocurrió.
El tribunal competente ponderó los antecedentes allegados por las partes y las alegaciones de la defensa, en el marco de un proceso ajustado a los principios que lo informan y dentro del ámbito de potestades legales de que el tribunal dispone.
La motivación exigida por el TFUE debe ser adecuada al acto de que se trate y debe revelar de forma clara e inequívoca la motivación seguida por la institución que adoptó la medida, de tal manera que permita a las personas interesadas determinar los motivos de la misma y que el tribunal competente pueda ejercer su poder de revisión.
El municipio ordenó directamente desocupar el espacio que ocupa un carro en un parque que previamente había autorizado sin que exista acto administrativo previo que revocara el permiso, lo que vulnera el derecho a desarrollar una actividad económica lícita del recurrente.
El vínculo entre el conductor de la aplicación y la plataforma es más similar a la situación de un transportista autónomo, propietario de su propio vínculo y su relación es de carácter comercial. Por tanto, las controversias sobre estas situaciones jurídicas deben ser analizadas por en sede ordinaria y no laboral.
El profesional era el encargado del Centro Veterinario Municipal y ejercía labores en beneficio de la comunidad; y al existir subordinación y dependencia en los términos establecidos en los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo el vínculo entre las partes, que se prolongó por más de siete años, escapa a la contratación civil.
El actor sólo se limitó a enunciar la infracción al artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, no obstante, no explicó en su libelo porqué la magistratura conculcó dicha norma al no dar lugar a la tramitación de una gestión preparatoria de confesión de deuda, ni de porqué -a su parecer- era innecesario un procedimiento declarativo previo para cobrar el monto adeudado.
