Dada su naturaleza y finalidad, las redes privadas deben cumplir con las condiciones técnicas de las redes públicas.
El decaimiento del procedimiento administrativo sólo puede operar si, entre el inicio del mismo y la dictación de la resolución terminal, transcurre el plazo de 6 meses, no pudiendo considerarse para el cómputo de dicho plazo el tiempo utilizado en resolver los recursos presentados en contra del acto terminal.
Respecto al plazo de 90 días que cuenta CONAF para pronunciarse sobre las peticiones de corte de bosque nativo, es uno de días hábiles administrativos.
El Servicio denunció en un tribunal civil a dos pescadores artesanales que extrajeron una cuota mayor a la permitida de Anchoveta y Sardina, en circunstancias que por aplicación del artículo 55 letras Ñ y O de la Ley General de Pesca, le correspondía al propio denunciante iniciar un procedimiento administrativo sancionador para investigar la infracción.
Los jueces de fondo no ponderaron la prueba aportada por el demandado en alzada, en circunstancias que ésta era de vital importancia para fundamentar su defensa.
Un delito cometido contra un niño o niña, u otra persona en situación de indefensión, es de mayor gravedad que uno cometido contra un adulto, porque estos se encuentran en total estado de desprotección, con mayor razón si se comete con violencia y en circunstancias que impiden a los padres socorrerlos.
La mera disconformidad de una de las partes con las conclusiones a las que arribó un perito designado no constituye una razón suficiente para acceder a su remoción.
El inicio de la investigación suspende este plazo de prescripción. Según lo previsto en el artículo 86 de la ley 20.529, no es posible ejercer la potestad sancionadora administrativa en este caso concreto.
La decisión beneficia a personas que obtuvieron la residencia por razones humanitarias, que no cuenten con permiso de trabajo, ya que anteriormente solo los migrantes con actividad laboral podían optar al subsidio.
El cobro de regalías adicionales vulnera el principio de neutralidad tecnológica, ya que impone una carga adicional a los usuarios que utilizan internet que es contraria a la Ley de Derechos de Autor.
