El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la autoridad recurrida al disponer la medida preventiva de contagios de covid-19.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El tribunal de Alzada había acogido la impugnación deducida por la Clínica Universidad Católica del Maule.

La demandante fue sancionada con una multa de 250 UTM.

La Primera Sala señaló que ha logrado formarse la convicción de que, en la especie, concurre la causal de inadmisibilidad establecido en el artículo 84, numeral 6° de la LOCTC, ya que la acción deducida no da cumplimiento a la exigencia constitucional y legal de encontrarse razonablemente fundada.

El Tribunal de Estrasburgo adujo que, aunque la vacuna obligatoria supone una injerencia en el derecho al respeto de la vida privada, esa política sanitaria protege a la vez a los inoculados y a los que no pueden recibir la vacuna por razones médicas, que dependen de la inmunidad colectiva para protegerse contra enfermedades contagiosas graves.

La Primera Sala señaló que ha logrado formarse convicción de que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5° del artículo 84 de a LOCTC, esto es, que el precepto legal impugnado no resultará decisivo en la resolución del asunto.

La autoridad determinó que el oficio emitido por la Subsecretaría de Salud Pública no se ajustó a derecho por afectar la garantía de la seguridad social.

Los recurrentes solicitaban el cese de las obras, ya que su ejecución vulneraría sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº 8 de la Constitución.

La Municipalidad había iniciado el proceso de caducidad de la patente por no pago, pero la trabajadora celebró un convenio.