La ley 21.500, que se encuentra en proceso de redacción de su reglamento, tiene como finalidad que exista un criterio unificado entre las distintas instituciones estatales, para dar más celeridad a la búsqueda de personas extraviadas. Además, establece la obligación de recibir la denuncia y la realización de diligencias dentro de las primeras 24 horas de la denuncia.

La iniciativa -que está siendo estudiada por la Comisión de Mujer y Equidad de Género- recibió una treintena de indicaciones y avanza, además, en el ámbito de la salud ginecológica y sexual.

Acuerda que la audiencia se realice el 13 de febrero a pesar de que el juez de garantía actualmente está haciendo uso de su feriado legal.

La finalidad de la acción constitucional es la protección de derechos preexistentes o indubitados que se vean afectados por una acción u omisión ilegal o arbitraria.

La posibilidad de ejecutar el mandato después de la muerte del mandante dice relación sólo respecto de los herederos que lo suceden, y en este caso, el solicitante de inscripción actúa en calidad de comprador y no como sucesor.

El poder liberatorio del finiquito alcanza solo a lo que las partes acuerdan expresamente, sin que pueda extenderse a la responsabilidad derivada de un accidente del trabajo respecto de la cual no hubo consentimiento.

La agravación de la pena no se deriva, de la captación de unas imágenes mediante un dispositivo de grabación oculto en el aparato de aire acondicionado y dirigido a la cama, sino de la utilización inconsentida de la clave del wifi.

El recurrente no pudo acreditar la infracción a las normas probatorias, por las que presuntamente la judicatura de fondo no ponderó adecuadamente el título que acompañó para solicitar la restitución del inmueble, prefiriendo el instrumento ofrecido por el demandado, que singularizaba de mejor forma el predio en litigio.

Los actores solicitaron a la DOM el aumento de la superficie de su terreno a través de la modificación de los deslindes, pues la línea de playa se había movido y, por accesión, su predio habría crecido en cabida.

Las negativas de reconocer a la comunidad Yajotja por parte del Estado constituyen una vulneración a los derechos de identidad cultural, autonomía y autodeterminación, al territorio ancestral y colectivo, al debido proceso administrativo y a la subsistencia étnica.