El Ministerio Público impide por su sola voluntad que la víctima y querellante continúen con la acción penal ante la judicatura, afectando el derecho fundamental a la tutela judicial, consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución.
El link aportado en el proceso no está disponible, por lo que no es posible conocer el tenor del contenido del video.
La recurrente se ha visto impedida de acceder a su casa mediante una vía de hecho, lo que constituye un acto arbitrario de autotutela.
Dada la complejidad contable y financiera de las objeciones, resulta imprescindible que la requirente cuente con un término probatorio para la adecuada defensa de sus derechos.
La Corte de Santiago revolvió rechazar recurso de apelación en causa penal del amparado, por lo que el recurrente dedujo la acción de amparo.
La gestión pendiente incide en un proceso laboral, en el que una académica demandó por vulneración de garantías fundamentales a la Universidad requirente, en virtud de que habría avalado un trato arbitrario hacia ella, fundado en sus opiniones políticas y personales.
La denunciada puso término anticipado a la contrata de la actora quien denunció vulneración de su derecho de igualdad ante la ley.
Los hechos ocurrieron en el hotel arrendado por la recurrente para el período de descanso de sus dependientes.
La medida sería discriminatoria ya que actualmente se permite el funcionamiento de otras actividades que ejercen una labor de custodia de personas, como lo son las casas de reposos o de adultos mayores.
El acto vulneraría los derechos de los vecinos de los barrios donde se efectuará la construcción. Los consagrados en el artículo 19 Nº1, 2, 4 y 24 de la Constitución.
