La Corte adujo que, en el recurso en análisis, no se denuncia ilegalidad o arbitrariedad alguna cometida por la recurrida que pudiere afectar los derechos fundamentales del actor protegidos constitucionalmente.
La Corte adujo que la acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que no resulta ser la vía idónea al efecto.
Se ha producido, en la especie, un conflicto constitucional entre el derecho al sufragio y el derecho a la salud, tiene la certeza que el Servicio Electoral ni la Justicia Electoral están dotados de competencia para obviar las normas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud, que tiene a su cargo la rectoría del sector salud del país.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción cautelar al establecer que el recurso perdió oportunidad, tras corrigirse los problemas computacionales que retrasaron la entrega del monto a la entidad española indicada por el recurrente.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió parcialmente el reclamo interpuesto por Sindicato N° 3 de Trabajadores de TVN en contra de la resolución de la Dirección Nacional de Trabajo que fijó estos servicios mínimos.
En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Iquique confirmó la sentencia que ordenó a Zona Franca de Iquique S.A. pagar una multa de 20 UTM por infracción a la ley de protección de los derechos de los consumidores y una indemnización total de $27.610.277 a cliente que sufrió robo de especies desde su automóvil […]
El Tribunal estableció la falta de servicio ya que tras diagnosticar correctamente el trastorno que afectaba al menor, que causa inflamación y sangrado en los vasos sanguíneos pequeños de la piel, articulaciones, intestinos y riñones, no se ordenó el tratamiento intrahospitalario que correspondía a la gravedad de cuadro, sino que se le prescribió uno ambulatorio.
La gestión pendiente incide en autos civiles de que conoce el Décimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de hecho.
En cuanto le permite fiscalizar y orientar el cumplimiento del contrato en que se consagra el encargo, lo que en definitiva está relacionado con el fin que persigue y en el cual tiene un interés propio comprometido.
Además de los perpetrados por alumnos del establecimiento educativo otros fueron provocados por profesionales de la educación. No se probó que la municipalidad empleara el cuidado ordinario para prever e impedir las conductas dañosas.
