El recurrente acusó que la universidad le exigió el cumplimiento de todos los requisitos para optar al puesto de “Profesor asociado B”, en circunstancias que a los otros postulantes les requirió cumplir a lo menos con tres de los requisitos, tal como lo establece el texto expreso del reglamento de jerarquización docente de la casa de estudios; por lo tanto, existió un acto de discriminación arbitraria en contra del académico.

La Universidad recurrida solicitó la documentación que acredite que el actor aprobó los ramos cursados en su anterior casa de estudios, requisito que no es excesivo y no es imposible de cumplir como esgrimió el recurrente, ya que dicha información puede ser obtenida del sitio web de la Superintendencia de Educación Superior.

Quedó acreditado que los infractores que participaron en el cártel sancionado copaban prácticamente el 100% del mercado de automóviles en España. De esta manera, es impensable que otros fabricantes de automóviles no implicados en el cártel pudiesen tener influencia suficiente en ese mercado, como para impedir la repercusión de las prácticas infractores en los precios finales de venta.

Si el proceso penal finaliza por absolución o sobreseimiento definitivo, corresponde que se paguen dichas sumas, ya que en ese evento procede estimar que el funcionario ha estado impedido para desempeñarse en razón de un acto de autoridad constitutivo de fuerza mayor.

El máximo Tribunal anuló de oficio la decisión de la magistratura del fondo que acogió una demanda de precario, al observar que los jueces no consideraron la relación sentimental que existió entre el anterior dueño del predio y la demandada, de la cual nacieron dos hijas en común y que viven junto a ella en la propiedad; por lo tanto, la ocupación acusada era conocida y tolerada.

El tribunal de primer grado computó mal el plazo de 6 meses de inactividad, al estimar que la resolución probatoria no estaba notificada, omitiendo el estampado del receptor que daba cuenta de dicha diligencia y decretó el abandonado el procedimiento, en circunstancias que el demandante -pese al error del tribunal- notificó nuevamente la interlocutoria, aun cuando la suspensión de plazos operaba en su favor debido al estado de excepción por la crisis sanitaria.

La magistratura estimó que la metodología utilizada por la comisión tasadora fue superior a aquella empleada por el perito ofrecido por el reclamante, por lo que su alegación de infracción a las normas de la sana crítica no tiene asidero.

Un denunciante anónimo describió detalladamente al imputado, indicando que aquel se encontraba en un sector de Valparaíso transportando una escopeta, situación que fue verificada por el personal policial que lo detuvo y encontró entre sus ropas dos cartuchos de dicha arma sin percutir.

El haber establecido que el periodo de duración de la referida medida de coerción personal será hasta que concluya el proceso de extradición, constituye una decisión arbitraria, pues carece de razonabilidad imponer una prisión preventiva que se podría prolongar en el tiempo de manera indefinida, lo cual vulnera el derecho de la favorecida a que su situación jurídica se defina dentro de un plazo razonable.

La Undécima Sala del tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia impugnada, dictada por el 25° Juzgado Civil de Santiago.