El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia cuestionada que ordenó, además, a la demandadas el pago de las tarifas adeudadas del contrato de autorización de ejecución pública de obras musicales suscrito con la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD.

Un grupo de senadores planteó la urgencia de postergar en un año dicha tributación que afectará a diversas actividades, entre ellas, los gimnasios y los centros de acondicionamiento físico.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso impetrado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, por manifiesta falta de fundamento.

El sentido de la iniciativa es visibilizar estas patologías, educar en los derechos de los pacientes y fomentar el diagnóstico.

En el debate se decidió que si se pone término a la relación laboral y quedan días pendientes a utilizar, el empleador deberá compensar aquello en el finiquito.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el 29º Juzgado Civil de Santiago, que ordenó, además, a las demandadas el cese de la conducta infractora, en el sentido de que en lo sucesivo, cada vez que se ejecute el proceso de migración, se deberá entregar información veraz y entendible a los consumidores, con especial énfasis en los costos asociados.

En las declaraciones de la recurrida difundidas por el canal de televisión no se le imputa a la recurrente la comisión de algún ilícito, ni se le atribuye intervención directa en la decisión de su hermana de quitarse la vida.

La denunciada sostuvo que los defectos presentes en la propiedad no habían sido causados por un trabajo negligente, sino que únicamente por la falta de mantención de algunos aparatos de parte de los habitantes de la vivienda afectada.

El Juez de primer grado rechazó el reclamo, por considerar que la prescripción alegada por el actor -y que servía de fundamento para la cancelación de la hipoteca- debía ser declarada por un tribunal, decisión que fue revocada por la Corte en alzada.

La exigencia de un intérprete en el proceso penal deriva del derecho a no sufrir indefensión.