El tribunal de alzada confirmó la resolución del 7º Juzgado de Garantía de Santiago que acogió la solicitud de la Defensoría Metropolitana Norte por estimar que existen condiciones inadecuadas en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel para la atención de embarazadas.

Recurrente alegó vulnerado el derecho a la vida e integridad física y psíquica tanto se du pareja como de su hijo que está por nacer, ya que no hay médicos obstetras en Caleta Tortel.

El acusado alegó que la autorización de esta técnica recaía en funcionarios de la PDI, pero de las pruebas acompañadas por el Ministerio Público, como del testimonio de los funcionarios que participaron en el procedimiento, no quedan dudas que la unidad especializada de Carabineros era la autorizada para efectuar los actos tendientes a la detención del actor.

Funcionarios observaron al acusado escondiendo entre sus ropas un arma de fuego, y el actor al percatarse de la presencia policial, huyó al interior de su domicilio, lugar donde fue detenido y se decomisaron más de 40 papelillos de pasta base de cocaína listos para su comercialización.

La demandada incumplió sus obligaciones de custodia y conservación de la grabación, en cuanto no adoptó las medidas adecuadas, como destrucción de las mismas o entrega a la autoridad competente.

Confirmó la decisión de alzada emitida por la Corte de Antofagasta, que no hizo lugar a la constitución de una servidumbre que pretendía gravar más de 800 hectáreas en la Comuna de Calama, las cuales pertenecen a una zona de protección ambiental cercanas al río Loa.

La recurrente objetó el acto acusando simulación, porque el bien raíz fue enajenado por el demandado en un precio muy inferior al real, con la intención de transferirlo a un tercero y así evitar que el inmueble fuera parte de la liquidación de la sociedad conyugal que enfrentaban ambas partes por ser ex cónyuges.

El proceso ha sido impulsado por el gobierno y el bloque de diputados del Frente de Todos, quienes han acusado a los cuatro jueces de la Corte de incurrir en un mal desempeño de sus funciones.

No se puede negar la tramitación de una demanda por el hecho de no recurrir previamente ante la Inspección del Trabajo, en razón de la cuantía de lo pedido.

La Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Convencional -de naturaleza transitoria- extendió su funcionamiento hasta la gestión documental y traspaso al Archivo Nacional del Archivo de la Convención.