Este Consejo estima que las amenazas que se inflijan a Fiscales, -como lo ocurrido con la fiscal Ximena Chong-, a cargo de dichas investigaciones afectan seriamente el Estado de Derecho.
Asimismo, se abordaron limitantes para acceder a beneficios de libertad condicional para agresores sexuales; normas para un buen funcionamiento del mercado financiero; condiciones para el retorno a clases; y una regulación para proteger a las trabajadoras de casa particular en el contexto de las cuarentenas. Además, discutió la situación de las universidades en la pandemia.
Destacados expertos y académicos se dieron cita para abordar las tecnologías para integrar flujos de datos en tiempo real y el desafío que significa para la sociedad integrar digitalmente a los adultos mayores.
Las medidas se adoptan para controlar la continuidad de la generación del riesgo al medio ambiente, asociado al hundimiento -ocurrido el pasado 27 de junio- en las estructuras y biomasa, y sus efectos, así como para mantener un seguimiento de las variables ambientales en el área del incidente. Esto significa un monitoreo diario del PH, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y % de saturación de oxígeno, entre otras acciones.
El Tribunal de alzada descartó trasgresión legal en la resolución impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada acogió con costas la acción cautelar, tras establecer el actuar arbitrario de la AFP, ordenando enterar el monto informado al recurrente cuando aceptó la oferta.
El Tribunal de alzada rechazó la entrega de la información solicitada en formato PDF, por distraer indebidamente de sus labores habituales a los funcionarios municipales que deberían recopilarla.
El Tribunal acogió la demanda tras comprobar la efectividad de las denuncias de la trabajadora, y que la demandada no pudo acreditar la malversación de fondos que atribuyó a la profesional quien se desempeñó de manera intachable durante ocho años en la institución.
En la actualidad nuestro país está en el grupo de países que no cuenta con leyes adecuadas en ciberseguridad y protección de datos personales.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica, Romero, Vásquez y Pica, quienes estuvieron por acoger el requerimiento.
