El máximo Tribunal desestimó infracción en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que acogió parcialmente la demanda de cobro de la obligación.

El máximo Tribunal descartó falta o abuso grave en la sentencia que rechazó la demanda.

El mensaje contempla, además, un aumento de retribución por el acto eleccionario próximo, a las personas que realizan funciones complementarias de enlace y facilitadores.

Por no alcanzar el quorum constitucional requerido, la Sala desechó el informe de la Comisión Mixta que contenía cuatro puntos sobre los que no se logró pleno acuerdo. No obstante, se suprimió una norma que permitía los aportes de campaña durante el período de suspensión.

Se trata de un grupo de 22 personas entre 18 y 34 años, quienes pidieron una indemnización de $7.025.565.22. En ese sentido, el presidente del CDE, Juan Peribonio, solicitó al 15º Juzgado Civil de Santiago que rechace la demanda y calificó los montos como «desproporcionados».

Además de armas también se registraron explosivos, ropa de camuflaje y gran cantidad de municiones.

La actora fue desvinculada por pertenecer a los grupos de alto riesgo de contagio de COVID-19.

Se verificó un cambio de criterio en la autoridad administrativa que, sistemática y reiteradamente, en los tres años inmediatamente anteriores al de la denuncia había aceptado la presentación de la solicitud de validación de estudios, por parte de la reclamante.

Se declaró contraria a la Constitución Política, la expresión “en única instancia, en cuenta”, del inciso segundo del artículo 142, que contempla el procedimiento a que se sujetará la acción judicial de reclamación contra la medida de expulsión, la que deberá estar fundada y conocida en cuenta por la Corte de Apelaciones.

La gestión pendiente incide en recurso de protección, seguido ante la Corte de Valparaíso.