El documento reúne recomendaciones básicas orientadas a explicar de forma sencilla la regulación vigente y reforzar la protección de datos personales que se manejan en instituciones de la administración central y municipios, incluyendo la reducción de accesos no autorizados y de tratamientos indebidos de este tipo de información.

El requirente estima que los preceptos legales afectan, entre otros, el debido proceso y la igualdad ante la ley.

El guardia de seguridad municipal, al auxiliar al recurrente que huía de sujetos que lo perseguían, se percató que aquél portaba un bolso con “papelillos” motivo por el que lo retuvo hasta que llegó Carabineros, quienes pusieron al encartado a disposición de la justicia.

Lo que la Corte debe dilucidar consiste únicamente la forma en que la sentencia cuestionada apreció la prueba y no el mérito de la misma, pues este último examen, es propio de una apelación.

La judicatura de fondo al estimar lo contrario infringió el artículo 10 de la Ley N°19.983 y el artículo 2518 del Código Civil.

Requirente estima que la aplicación de la norma vulnera, entre otros, su garantía constitucional a un debido proceso.

La estricta ejecución del fallo conlleva que con la entrega del inmueble se incluyan todos los bienes muebles de su interior, que son propiedad del Estado, de dominio público y afectados al mismo, excepto los que acrediten los demandados ser de su propiedad.

El bloqueo de los productos contratados por el actor es una manifestación del ejercicio de las facultades que tiene el Banco, de acuerdo al contrato de servicios financieros, que permite incluso terminar todo vínculo contractual entre las partes en caso de mora del cliente.

El artículo 31 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros establece expresamente la facultad de la autoridad policial para destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial.

El demandado alegó que no podía volver a discutirse el asunto por haberse concluido el proceso penal sin condena y con un acuerdo reparatorio, sin embargo, el Juzgado civil dejó establecido que eso sólo extinguía la responsabilidad penal, quedando vigente la civil.