Conforme se ha observado los cajeros ya no entregan billetes de $1000 o $2000.
El máximo Tribunal consideró que no se demostró que el interés superior de la niña se encuentre debidamente resguardado, si se la priva del contacto con su familia paterna hasta, a lo menos, los 18 años.
El máximo Tribunal acogió el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante y, en sentencia de reemplazo, estableció la relación laboral entre las parte y condenó al organismo público a pagar a la trabajadora las sumas de $1.541.638, por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.
El máximo Tribunal desestimó el arbitrio deducido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, debido a que la materia de derecho que se propone unificar no es susceptible de contraste.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 18° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda tras establecer que los exmarinos fueron víctimas de un crimen de lesa humanidad.
La Sala del Senado aprobó el guarismo, sin embargo varios legisladores de oposición adelantaron la intención de revisar esto en “una posible Comisión Mixta”.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco, ordenándole el reintegró a la cuenta de la recurrente la suma extraída ($5.800.000), junto con todo cargo o cobro accesorio a las operaciones fraudulentas realizadas; tales como: intereses, impuestos o comisiones, entre otros.
Diputados del partido de gobierno han presentado a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley que establecen figuras penales y un sistema de registro y control a organizaciones y otros actores de la sociedad civil contra el ejercicio de la protesta social, particularmente contra la libertad de expresión, el derecho a participar de los asuntos públicos y el derecho de asociación.
El máximo Tribunal descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la solicitud de la empresa Turbodal S.A. y ordenó la devolución de la suma de $27.565.536, correspondiente al impuesto de primera categoría correspondiente al año tributario 2013.
El Tribunal de alzada estableció que los organismos recurridos omitieron su deber de fiscalizar a las empresas que estarían, desde 2015, construyendo 13 proyectos inmobiliarios registrados en la zona costera de Valdivia declarada saturada y de interés turístico.
