“En primer lugar, no cabe sino valorar la idea de buscar mecanismos eficientes de control de la medida de prohibición de acercamiento a las víctimas de VIF con la amplitud que la actual versión del proyecto promueve, que además de hacerla extensiva en sede cautelar –y ya no sólo como control de ejecución de penas– abarca a los dos tipos de jurisdicción que conocen de este tipo de causas, tanto la penal, como la de familia”, plantea el informe.

El pleno del máximo Tribunal estableció que la madre de la menor no puede ser considerada como extranjera en tránsito al permanecer en territorio nacional desde 2018, ha expresado su voluntad de quedarse en el país donde, además, cursó estudios de enseñanza media y se realizó todos los controles de embarazo.

Más de tres mil personas respondieron una serie de preguntas relacionadas con la polémica iniciativa. Ahora la Comisión de Salud utilizará esa información para formular indicaciones cuando corresponda.

Sentenciadores del grado se limitaron a la estricta resolución de los argumentos vertidos en la reclamación, y a la aplicación del fallo de inaplicabilidad, lo que llevó a fijar la sanción impugnada.

Se le impediría participar en licitaciones públicas.

Al existir una amenaza al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los habitantes de la comuna, se deben adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar su materialización.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración a las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Los intereses económicos que tienen o han tenido los fideicomisos no pueden ser confundidos con los intereses del Presidente de la República, en razón de que esta autoridad se encuentra impedida de acceder a la información del destino de sus inversiones.

La actora cobró la totalidad de los montos pendientes luego de interponer la acción.

El Tribunal consideró que se había producido una violación de la prohibición de tratos inhumanos y degradantes y del derecho a la libertad y a la seguridad de las demandantes.