El máximo Tribunal del país, considera que: “En el caso del procedimiento de impugnación respecto de la resolución que declara la extinción de un derecho de aprovechamiento de aguas (artículos 6 bis y 134 bis), procede mantener la coherencia de la regulación y evitar dispersión de procedimientos contenciosos administrativos”.

El actuar de la Tesorería no satisface las exigencias mínimas de un procedimiento racional y justo, porque no le permite al supuesto deudor ejercitar otro medio de defensa que no sea la prueba del pago de la obligación.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Al existir un juicio de lato conocimiento por los hechos denunciados, el presunto derecho vulnerado no se encuentra indubitado.

Adolece de falta de debido fundamento plausible.

No basta que el tema que origina el artículo sea de interés general, sino que este debe ser de tal naturaleza que contribuya al debate público sobre el tema en cuestión.

No se dio cumplimiento en forma a lo ordenado de acompañar el certificado dentro de plazo.

Esto, cuando contribuyentes se han visto imposibilitados o también disminuidos de desarrollar la actividad por una situación de caso fortuito o fuerza mayor, como sucede actualmente con la emergencia sanitaria.

El actor no tuvo la oportunidad de probar sus dichos en un proceso contradictorio.

El pronunciamiento mantuvo el criterio sostenido sobre la materia.