El recurrente tiene el plazo de dos días para solicitar reconsideración de la decisión del municipio y oponerse, por lo que al no respetarse ese procedimiento se ha infringido el principio de estricta sujeción a las bases administrativas afectando el derecho de propiedad del actor.

Establece un mecanismo para que las partes resuelvan sus diferencias, pudiendo también optar a procedimientos alternativos de solución de conflictos. Un Grupo Especial arbitrará entre los contendientes.

Sólo procede la prisión por deudas cuando esta recae en asuntos de índole contractual, lo que no dice relación con la materia de autos.

No estamos convencidos de que Filipinas esté llevando a cabo investigaciones relevantes, o esté haciendo un esfuerzo real o genuino para llevarlas a cabo. Esta conclusión no impide que Filipinas proporcione material en el futuro para que se determine la inadmisibilidad de lo solicitado sobre la base de la complementariedad, de ser necesario.

El Juez de primera instancia rechazó la designación de un inmueble para ser embargado por tener un valor considerablemente superior al crédito adeudado, sin embargo, la Corte revocó esa decisión, por haber sido resuelta de plano.

Podrá revocarlos en la forma prescrita por la ley, dentro de un periodo no superior a 60 días desde su notificación a la persona indultada.

La situación actual no permite responder a la necesidad sanitaria de las regiones, ya que los esfuerzos particulares de autoridades sanitarias regionales no pueden reemplazar a la normativa nacional hoy inexistente.

No es prudente retrotraer el proceso licitatorio a una nueva evaluación de las propuestas. El contrato está en plena ejecución configurándose para los adjudicatarios una situación jurídica consolidada sobre la base de la confianza en la entidad licitante, además de la complejidad y necesidad de dar continuidad al servicio.

El recurrente solicitó una prórroga del plazo de pago en la Municipalidad, fundado en que habría sido víctima del robo de sus datos bancarios, sin embargo, el ente edilicio rechazó la solicitud, por no existir antecedentes concluyentes que demuestren que la omisión de pago no es imputable a su persona.

Las universidades privadas también contribuyen al interés público, social y económico, por lo que pensar lo contrario es un acto discriminatorio, refieren los votos particulares.