Se trata de un servicio esencial que se debe prestar en condiciones que el suministro de agua potable se adecúe a los mínimos exigibles para la integridad física de la población humana afectada.

El Tribunal desestimó la alegación de la empresa relativo a que la Ley N° 19.496 no le sería aplicable por no existir una relación de consumo con los usuarios, pero la absolvió del pago de la multa por no haberse acreditado el supuesto de hecho que fundamentó la denuncia.

El infractor se dirigió ante todos los organismos competentes sin recibir respuestas del paradero de su camioneta, por lo tanto, no puede ser obligado a pagar los costos del error en el ingreso de su vehículo a los corrales municipales.

Desde la perspectiva de la autoridad migratoria, aquélla se encuentra obligada a exigir esta condición a los extranjeros que no registren ingreso regular al territorio nacional.

El actor prestó servicios como responsable de un programa municipal financiado por el gobierno regional y en tal función no estaba sujeto a instrucciones ni órdenes de la demandada, escapando de los presupuestos establecidos en el artículo 7 del Código del Trabajo.

Los hostigamientos y amenazas dirigidas a las integrantes de las Damas de Blanco se han prolongado en el tiempo, siendo las autoridades las principales responsables. La continuidad de dicha situación puede dar lugar a afectaciones de mayor gravedad.

La orden fue emitida con un antecedente válido y por un juez de la República sin que el imputado desmintiera su fundamento o la existencia de las especies encontradas, argumentando su invalidez únicamente en el mérito de la denuncia anónima que se tuvo como antecedente para la diligencia.

El recurrente fue sorprendido aumentando los focos de incendio al interior de la Universidad Pedro de Valdivia en medio de una manifestación posterior al 19 de octubre de 2019, momento en que es registrado por personal de Carabineros que lo detienen al presenciar un delito flagrante.

Para cumplir con el requerimiento de pago exigido en la norma bastaba con notificar al deudor vía correo electrónico o SMS. La recepción de esta comunicación debe ser certificada por un servicio de entrega electrónica.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia que condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko a 7 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito, tras descartar la prescripción de la acción penal y la media prescripción por tratarse de un crimen de lesa humanidad.