La magistrada desestimó el reclamo al establecer que en la especie, se encuentran probadas las infracciones detectadas por el sumario sanitario abierto y que la resolución sancionatoria del Instituto de Salud Pública, debidamente fundada.
El requisito establecido por la ley constituye una discriminación arbitraria en su contra alega el requirente, atenta contra la igualad ante ley, al derecho a desarrollar una actividad económica, al ejercicio de una profesión, entre otras garantía constitucionales que estima infringidas.
El actor demandó de precario y su acción fue desestimada en alzada, por considerar que existía una superposición de títulos entre las escrituras de dominio aportadas por ambas partes. El litigio se condice con una acción reivindicatoria de lato conocimiento; decisión que el actor intentó revertir en sede de casación, no obstante invocó hechos no asentados que no se pueden modificar debido a la naturaleza de derecho estricto del recurso.
Personal de OS7 de Carabineros concurrió al domicilio del acusado y compró dos papelillos de cocaína, deteniéndolo en el lugar e incautando más de 200 gramos de la droga junto con especies para su comercialización y dinero en efectivo. El recurrente invocó la inviolabilidad del hogar, pero se estimó que el actuar policial se ajustó a derecho por obedecer a una investigación previa denuncia anónima por la venta de droga en el sector.
La protección del interés del menor de edad que afirma haber sido objeto de un delito justifica y legitima que, en su favor, se adopten medidas de protección que pueden limitar o modular la forma ordinaria de practicar su interrogatorio.
El requirente alegó que tal restricción afecta su autonomía como cuerpo intermedio, la igualdad ante la ley, el derecho a una justa retribución, a desarrollar una actividad económica, de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
Imputado permanecía al interior de un vehículo en un sector en que una denuncia anónima advirtió la ejecución de un delito, momento en que al notar la presencia policial intentó ocultar la munición que portaba sin la debida autorización, acto que fue observado por Carabineros que controlaron su identidad, encontrando las municiones.
Para lo cual, agrega el Contralor, se deberá recurrir por regla general a la licitación pública, y en casos justificados será posible utilizar las otras modalidades –licitación privada y trato directo-. También precisa que la venta estará sujeta a la fiscalización de Contraloría.
La iniciativa busca compensar las externalidades negativas producidas por la gran cantidad de población flotante a causa del sistema de turnos, y por otro lado fomentar el trabajo local y regional, ayudando al crecimiento de los centros urbanos regionales.
El proceso de extradición en la legislación venezolana se encuentra regido por diversos principios, entre los cuales prevalece el de la no entrega del nacional, consagrado en el artículo 69 de la Constitución. Este principio se basa principalmente en la idea de que conceder la entrega de un venezolano sería sacrificar el deber de protección del Estado para sus súbditos (que es a su vez un derecho de éstos) y sustraerlos de sus jueces naturales.
