La consecuencia del silencio de la colectividad política ante una solicitud de afiliación no significa su rechazo sino lo contrario.
El Tribunal de alzada descartó arbitrariedad e ilegalidad de la acción recurrida, ya que ella está amparada por el ejercicio legal de la libertad de informar y opinar y, además, el funcionario es aludido sólo tangencialmente.
Se trata de las normas generales, participación popular, ética y participación indígena. Se espera que la próxima semana se despachen en particular.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que acogió la demanda y rechazó la excepción de prescripción extintiva.
En este caso, afirma el fallo, los convenios fueron enviados a la Superintendencia de Salud, en virtud de fiscalizaciones extraordinarias, vinculadas al uso de excedentes, como ocurrió precisamente en este caso, debido a una denuncia recibida por la Fiscalía Nacional Económica sobre los medios de uso de los mismos por las ISAPRES a sus afiliados.
El Tribunal consideró que no se justificó la desvinculación por supuestas necesidades de la empresa debido a las condiciones económicas del Club de Polo y Equitación San Cristóbal.
El máximo Tribunal estableció que están en riesgos los derechos constitucionales del personal y el público al no realizarse coordinaciones efectivas para evitar hechos de violencia en el centro de salud.
La Comisión de Zonas Extremas del Senado escuchó al ministro de Energía, quien entregó detalles de la norma que estaría próxima a ingresar a la Cámara Alta; con todo, los senadores adelantaron que es necesario abordar el tema de la tarifa/subsidio e incorporar los sistemas aislados a esta iniciativa; entre otros aspectos.
No existe un actuar ilegal y/o arbitrario por la autoridad, ya que se ajustó a lo previsto por la Ley 19.856 y los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.
La delegada de la Junta Electoral expuso al actor a un trato denigrante y oprobioso, cuando su especial condición de vulnerabilidad le exigía una mayor cortesía y empatía en su actuar.
