Las recurridas demoraron más de un año y medio en la tramitación, iniciándose gestiones de cobranza judicial.
La señalización sobre el peligro de tránsito existente en el lugar eran insuficientes para advertir que éste no se encontraba en óptimas condiciones para todo tipo de peatón.
La justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo.
El actor realizó gestiones con la clara intención de beneficiar a su hija en la labor que realiza en su lugar de trabajo.
En el actual contexto, el abandono del procedimiento sólo es procedente si el término de seis meses se contabiliza a la luz de la Ley 21.226, cuestión que no aconteció en la especie.
La medida se adoptó en resguardo de los bienes materiales, sin constituir una sanción para los voluntarios.
El acto impugnado fue debidamente fundado.
El Estado debe garantizar el derecho al agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura, sin discriminación alguna y en igualdad de condiciones.
La sanción se aplicó luego que se reconsiderara la destitución de la actora.
La recurrida solicitó el pronunciamiento al ISP por tener dudas razonables de tratarse de un producto farmacéutico.
