El senador es imputado por el ente persecutor como autor del delito reiterado de tráfico de influencias.
Con independencia de las formas contractuales, en la realidad material existía un régimen de subcontratación.
En atención a la naturaleza del delito se puede estimar que hay un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que la medida se encuentra debidamente motivada.
La iniciativa tenía como antecedente el derecho a participación a favor de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito social y político.
Sin embargo, el fallo pone de relieve que la sucesiva extensión del periodo de catorce días debilita extraordinariamente la justificación de la proporcionalidad necesaria para mantener la conclusión de que el sacrificio de derechos fundamentales es proporcionado.
La Ley de Protección del Empleo no consideró los casos de los trabajadores a los que un Tribunal de Familia les impuso el pago de una obligación de pagar alimentos.
Las medidas no distinguen entre sanos y enfermos, dañan gravemente la integridad psíquica de las personas y aumentan la cesantía, alegan los recurrentes.
La notificación realizada por el organismo fiscalizador se ajustó a la ley, la infracción no está prescrita ni decayó el procedimiento administrativo.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas.
Resulta un derecho fundamental de las partes en un procedimiento, que las resoluciones dictadas puedan ser revisadas por el superior jerárquico, más aún si de estas resoluciones se desprenden sanciones tan gravosas como la que funda este requerimiento.
