A modo de conclusión, el máximo Tribunal reitera que el proyecto no aborda una reforma integral que establezca un sistema de ejecución de penas en el país.
Se acreditó que las partes celebraron un contrato en virtud del cual se le encargó a la demandante la ejecución de una obra consistente en la reparación y habilitación de la carretera Ruta 5 Sur, sector de Retiro y Parral, la que fue ejecutada y cuyo valor se estimó en la suma de $ 337.285.056.
El máximo Tribunal consideró arbitraria la intervención hecha por la Viña Santa Carolina, ya que no existe autorización de la autoridad administrativa.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad intentado por la empresa.
El Tribunal de alzada descartó infracción a las reglas de apreciación de la prueba en el fallo que rechazó el recurso.
No se cumple con la obligación del Estado de proporcionar a uno de los intervinientes las condiciones mínimas para solucionar el conflicto jurídico.
Debido a la ausencia de estas señaléticas, el demandante no se percató del peligro, por lo que tropezó y cayó, sufriendo diversas heridas y lesiones.
Si bien el municipio envió aquella información en la forma que dispone la ley, no verificó que ésta hubiese sido correctamente recibida por el Registro Civil, incurriendo en falta de servicio.
Un órgano con “plenos poderes” es incompatible con el principio republicano de la división de poderes y con una democracia constitucional, entendida como una forma de gobierno que impide la concentración de competencias y atribuciones en un único órgano.
El legislador estableció un modo especial para adquirir el dominio, para lo cual creó un sistema que tiene por objeto regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o que los tiene imperfectos, pero vulnerando derechos fundamentales.
