La medida prejudicial fue notificada conjuntamente con la demanda principal, cuando ya había transcurrido el plazo de la prescripción extintiva.
La sentencia del Tribunal Constitucional sostuvo que los tribunales inferiores que aplicaron las penas previamente descritas no vulneraron el principio de legalidad penal, al entender que la providencia dictada por la Magistratura Constitucional posee la naturaleza propia de una “resolución judicial”, la cual tiene carácter ejecutivo.
Aun cuando la entidad edilicia haya recuperado la administración de la macroferia, no puede desconocer, sin mediar justificación razonable, la larga data de ocupación de los recurrentes.
No satisface garantías mínimas que permitan establecer una sanción con proporcionalidad.
Los hechos denunciados eventualmente podrían constituir vulneración de garantías constitucionales tuteladas por el artículo 20 de la Constitución.
Los hechos denunciados deben ser discutidos y probados en un juicio de lato conocimiento, lo que se contrapone con la naturaleza cautelar de la acción de protección.
De lo contrario, el denunciante estaría obligado a accionar mientras se encuentra vigente la situación e ignorando su desenlace.
El requirente estima que infringen su derecho constitucional a ejercer la acción penal.
El informe previo y obligatorio que debe realizar la COMPIN es vinculante para los servicios públicos.
La autoridad no puede exigir una solicitud formal si niega la petición del actor, sin emitir por escrito un acto administrativo que contenga los razonamientos.
