Recurrente estimó vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.
El presidente de la Magistratura Constitucional española indicó que el derecho a la libertad de expresión es factor clave en el Estado de Derecho para transmitir, explicar y hacer más comprensibles las resoluciones judiciales de los tribunales de justicia.
La instancia escuchó al Ministro de Obras Públicas quien expuso sobre el proyecto. Además, se apronta a revisar las más de 50 indicaciones que se presentaron a la reforma que reduce la dieta parlamentaria.
Ante la constatación de existir unidades que son explotadas en un giro que no cuenta con permiso o patente municipal, razona la sentencia, corresponde aplicar el artículo 58 del Decreto Ley N°3063 sobre Rentas Municipales.
El fallo de nulidad razona que el tribunal recurrido al resolver la controversia al amparo del artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo, dándole un carácter de contrato indefinido a los dos contratos a plazo, ha incurrido en una infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
De esta manera se busca, indicó el titular del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, cerrar brechas de seguridad para proteger información personal y sensible, como es el estado de salud, de la ciudadanía que está entregando gran cantidad de datos no sólo para ser diagnosticado, también para trámites en línea como solicitar un permiso en territorios en cuarentena o teletrabajar.
Se abordó con cuatro ministros de Estado las principales medidas que ha impulsado el Ejecutivo en la actual situación, tanto en materia sanitaria como económica. En la oportunidad, se aprobaron diez resoluciones en las que se llama al Ejecutivo a promover diversas acciones en favor de la ciudadanía, del empleo, de las empresas y para la protección del personal de la salud y sectores más vulnerables, entre otros puntos.
El Tribunal de alzada rechazó las presentaciones de la Asociación Nacional de Empleados, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Federación de Asociaciones de Salud Pública, la Confederación Democrática de Profesionales de la Salud y la Asociación de Abogadas Feministas.
El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial, tras constatar que el servicio público adoptó las medidas solicitadas por los funcionarios con posterioridad a la presentación del recurso de protección.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar presentada, tras establecer que las publicaciones atentan contra la vida privada y la honra del afectado.
