Sin embargo, se encuentran obligados a reembolsar los gastos de movilización, y a conceder el beneficio de colación a los alumnos en caso de que Servicios de Salud otorguen alimentos a sus funcionarios. Las universidades estatales pueden efectuar aportes para tales beneficios.
Lo solicitado excede lo que ha de entenderse como una propuesta razonable por cuanto sin desconocer que dichas actividades forman parte de la educación y formación integral de los menores, no puede olvidarse que son facultativas y no preceptivas, debiendo adaptarse a las circunstancias familiares y profesionales, y no pretender adaptar su jornada laboral a costa de la imposición al empresario de una modificación en su propia organización.
La recurrente firmó, luego de ocho meses de terminada su relación laboral, un anexo de contrato donde manifestaba dicha voluntad, no cumpliendo así con la normativa aplicable, que exige que el instrumento que contenga su consentimiento haya sido suscrito mientras esté vigente su trabajo.
No reclamada la acreencia por su titular, pasará de pleno derecho a la Junta Nacional de Bomberos, quien tendrá la titularidad para cobrar esta, administrarla y distribuirla en las diferentes compañías del país.
Respecto de la petición de disculpas públicas, en el proceso no se observa ningún antecedente que permita acreditar que los recurridos crearon o administraron el perfil de Instagram, o que realizaron las publicaciones en descrédito de la recurrente que esta alega.
La falta de actuación del Ministerio, importa una discriminación en perjuicio del recurrente en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han obtenido la decisión de sus solicitudes dentro de los plazos razonables que confiere la ley.
Mientras hayan desempeñado labores idénticas que los establecimientos de salud pública o privada durante la pandemia del COVID-19.
La medida busca proteger especialmente a los afroamericanos, cuyo cabello rizado en muchas ocasiones ha sido asociado a la desprolijidad y la falta de higiene.
El actor alegó que el órgano recurrido no lo escuchó previó a modificar la posesión efectiva de su madre, afectando así el debido proceso, sin embargo, la Corte descartó ese argumento, tras determinar que la tramitación de una posesión efectiva no es un asunto litigioso que contenga etapas de discusión.
Acusar una errada valoración de la prueba de parte de la judicatura al momento de apreciar las diferencias entre dos marcas, sin puntualizar la norma probatoria que se estima infringida, no permite desvirtuar los hechos asentados por el tribunal, y es una muestra de la disconformidad del recurrente con el resultado del juicio.
