Resolvió que la resolución cuestionada no es de aquellas que hacen procedente el líbelo intentado, toda vez que no pone término al juicio ni hace imposible su continuación, al tenor de lo que prevé el artículo 545 del COT.

Se configuran los elementos de la desaparición forzada, pues la víctima se encontraba ejerciendo sus funciones como soldado en el Ejército colombiano y al momento de los hechos el Estado tenía posición de garante. Además, se probó que fueron agentes estatales quienes estuvieron involucrados en su desaparición y hasta el momento el Estado no ha proporcionado una explicación satisfactoria sobre su paradero.

Es al Juez de Policía Local al que compete conocer de denuncias por contravención o falta, tratadas en el artículo 3º de la Ley Nº 18.287, que está facultado para resolver de inmediato, si estima que no hubiere necesidad de practicar diligencias probatorias en un procedimiento que difiere fundamentalmente del judicial típico, caracterizado por la exigencia de recepción de la prueba.

El Tribunal de alzada descartó la responsabilidad atribuida a la empresa demandada en el accidente registrado en diciembre de 2014, en el acceso sur.

El Tribunal de alzada confirmó la sanción al descartar infracción al debido proceso en la decisión de la autoridad reguladora.

El «Satisfyer» no supone un peligro mayor que otros objetos autorizados ni un riesgo para la salud por el hecho de «no introducirse ni tener contacto con nada», sino que debe «colocarse encima de la zona en cuestión», según la jueza.

El máximo Tribunal estableció que la parte recurrente no probó el incumplimiento alegado.

Con la reinterpretación efectuada por el Contralor General de la República a través del dictamen E377735/2023, de 7 de agosto de 2023, se faculta a la Administración para tramitar el pago de mayores gastos generales una vez vencido cada modificatorio, sin la obligación de esperar hasta la conclusión íntegra del proyecto de obra pública.

Los actores son ex miembros del ejército que obtuvieron la baja no honorable tras hacer pública su orientación sexual, lo cual estaba prohibido por la antigua ley «Don’t ask, don’t tell”, revelaciones que quedaron registradas en sus documentos de baja. Esta situación ha afectado sus posibilidades de empleo y de optar a ayudas sociales.

Nuevo insumo de trabajo pensado en colaborar con el Proceso Constitucional y en entregar información certera a toda la ciudadanía.