La imposibilidad de sanear el acto inexistente es total. Sólo está permitido convalidar el acto o subsanar sus deficiencias en el supuesto de nulidad de actos procesales cuando no haya sido consentido siquiera tácitamente por la parte interesada en la declaración; pero ambas situaciones difieren substancialmente por la naturaleza y los efectos que tiene una y otra clase de actos.

La interpretación contraria deja al trabajador sin recurso judicial alguno, impidiéndole someter al conocimiento del tribunal especializado las pretensiones derivadas del término de la relación laboral.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la libertad de emitir opinión e informar y la libertad de trabajo, desde que, se le impide ejercer en su calidad de abogado la función de control legal, en cuanto si denuncia a una clienta por la comisión de un delito, se pueden ejercer acciones privadas en su contra.

Según lo establecido en la Constitución de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes tiene la facultad exclusiva de iniciar un juicio político contra el presidente cuando existen indicios de «traición, soborno u otros delitos y faltas graves». En caso de que la Cámara decida proceder, los artículos de juicio político se someterán a votación, y de ser aprobados, se dará inicio al proceso ante el Senado.

La publicación, aunque sea veraz, de hechos relativos a la sexualidad de las personas es un acto que incide de forma intensa en el derecho a la intimidad; y la introducción en la noticia de datos circunstanciales que permitan la identificación de la persona víctima de tales hechos supone una lesión de su intimidad no amparada por el derecho a la comunicación de información veraz.

La denominada cueca porteña es la cueca de más alto grado de representatividad de Valparaíso que al día de hoy tiende a perderse, lo que hace necesario su rescate trabajando con las agrupaciones de cantantes para mantenerla vigente.

La presentación de este recurso se enmarca dentro del contexto legal establecido por la Corte Suprema de Canadá en su decisión de 2015 en el caso Carter v. Canadá, que declaró inconstitucionales las secciones del Código Penal que prohibían la asistencia médica para morir.

El máximo Tribunal declaró que la acción impetrada no puede tener éxito, dado que la actuación reprochada a la autoridad no constituye un acto terminal que permita evaluar en este momento la existencia de arbitrariedad o ilegalidad que implique una vulneración de las garantías constitucionales alegadas por el recurrente.

El máximo Tribunal declaró que procede la consulta indígena si hay afectación directa a un pueblo, indicando que ello se produce cuando se ven modificadas sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y la posibilidad de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

Si entre las necesidades de los alimentarios se valoriza el trabajo de la madre como cuidadora con el propósito de determinar la proporción en que cada progenitor deberá contribuir a satisfacer sus necesidades, ello no implica, que dicho monto deba ser cubierto en su totalidad por el alimentante.