La finalidad del complemento del informe era aclarar si el imputado es ininputable, cuya materia debe ser analizada en el fondo, y previa incorporación de las pruebas ofrecidas en su oportunidad, informa el recurrido.
La acusada hacía creer a los compradores que los terrenos eran aptos para la urbanización, en circunstancias que se encontraban con prohibición de cambio de uso de suelo agrícola, además de no ajustarse a la superficie legal exigida para la enajenación.
Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que en el delito de apropiación indebida existen cronológicamente dos momentos distintos en el desarrollo del “iter criminis”, uno inicial, consistente en la recepción válida de ciertos bienes, y otro subsiguiente que estriba en la indebida apropiación de los mismos con perjuicio de otro
La actora alegó que con las retenciones ya ha pagado al Estado más del doble del monto total del crédito, lo que fue descartado por la Corte, ya que tales retenciones son meras provisiones para asegurar el pago de la cuota anual del préstamo que adeuda.
La disposición en cuestión tiene por objeto preservar la identidad de los partidos políticos y evitar la intervención ilegítima e injusta entre estos, para proteger y fomentar la política partidaria. Su fin legislativo es proteger la función constitucional del partido político, pues ello redunda en la formación de la opinión pública.
La iniciativa tiene por objeto regular el testamento de libre disposición, para que, cumpliendo determinados requisitos, el testador pueda disponer libremente de sus bienes.
El empresario debe, en particular, velar de manera concreta y transparente por que el trabajador pueda efectivamente disfrutar de sus vacaciones anuales pagadas incitándole, en su caso, formalmente a hacerlo, e informarle de manera precisa y oportuna para asegurar que tales vacaciones sigan pudiendo garantizar al interesado el descanso y el ocio a los que pretenden contribuir.
Requerir que los candidatos no estén involucrados en situaciones de acoso laboral/sexual se ajusta a la probidad administrativa, mientras que exigir sintonía ideológica resulta lógico para un nombramiento discrecional.
Las premisas fácticas sobre las que se formó la opinión la periodista y su mesa de trabajo fueron objeto de una verificación razonable, que no tenía como finalidad perjudicar al Coronel sino que hacía parte de la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión, que comprende el derecho de la sociedad a recibir información y opiniones.
Conocido como Proyecto de Ley TEA, dispone de un nuevo marco legal con el fin de promover la inclusión y el desarrollo social.
