La diversidad étnica y cultural de las personas afrodescendientes debe garantizarse en prisión, y las restricciones a las que son sometidas deben tener un enfoque diferencial que atienda a su cosmovisión y cultura, para que sus derechos no se limiten de manera desproporcionada.

Vulnera los derechos de igualdad ante la ley y de seguridad social.

Recurrente no mencionó en su libelo las normas relativas al mutuo de dinero, por lo que no pudo alegar en sede de casación el pago de una deuda contraída por el demandante, el cual, se amparó en la excepción de transacción para dar por solucionado el crédito.

Se consideró que el consumidor había actuado de mala fe, porque obtenía lo mismo en vía extrajudicial y forzaba la intervención judicial para beneficiarse de una condena en costas a la entidad demandada.

No se aprecia que una parte se haya obligado a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero, sino más bien denota la intención de beneficiar exclusivamente a la demandada mediante la apariencia de una compraventa.

Juzgar al requirente bajo dicho procedimiento vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el debido proceso.

Vecino denunció al imputado y mantuvo reserva de su identidad por temor a represalias, indicio que es permitido en la ley para controlar y detener al actor por traficar pequeñas dosis de droga.

El ordenamiento jurídico invistió a los jueces de la República, como directores y responsables de los procesos judiciales, con el poder de imponer sanciones de tipo correccional para evitar la parálisis injustificada de estos y garantizar así su funcionamiento normal, dentro de las etapas y términos fijados en la ley.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago, que condenó a Entel a pagar a la demandante la suma de $66.173.333, por los trabajos impagos, y descartó la indemnización de perjuicios solicitada.

El Tribunal descartó actuar arbitrario de la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes al aplicar a la empresa una multa de 60 UTM, más el pago de las costas de la causa, por incorporar cláusulas que no entregan certeza de las funciones ni el lugar donde desarrollarán las tareas los empleados.