El máximo Tribunal confirmó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que condenó a Rubén Aroldo Morales López a la pena de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito.
La acción se efectuó en un sector de la comuna de Lo Espejo con alta tasa de robos a conductores aprovechándose de la congestión vehicular, hecho observado por personal policial de civil, que controló la identidad del actor, quien portaba un teléfono celular robado previamente a un chofer que circulaba por el lugar, lo que es indicio suficiente para ese control.
Tal descuento procede únicamente cuando la causal del despido obedece a necesidades de la empresa, no obstante, la declaración de improcedencia del despido priva al empleador de la hipótesis establecida en el artículo 13 de la Ley N°19.728, por ende, debe restituir la suma descontada al trabajador.
Actor fue condenado a 10 delitos de homicidio simple frustrado, por disparos efectuados por otros coimputados desde el interior de su automóvil hacia una muchedumbre de manifestantes. El tribunal no mencionó luego de analizar las pruebas aportadas, si tal acto fue efectuado con dolo de herir o de matar, infringiendo el principio de no contradicción.
Como bien se sostuvo en el caso “Atala Riffo y Niñas vs. Chile”, no basta con escuchar a la niña, sus opiniones tienen que tomarse en consideración seriamente a partir de que sea capaz de formarse un juicio propio, lo que requiere que sean evaluadas mediante un examen caso por caso.
La policía debe innovar si quiere igualar el ingenio de los delincuentes. Algunos delitos también son difíciles de investigar: ya sea porque son consensuados; porque victimizan a quienes son reacios o incapaces de denunciarlos; o porque pueden conducir a un daño tan grande que deben prevenirse activamente. Esta realidad confiere a la policía un amplio margen en sus investigaciones.
La imputada conocía desde el principio de la relación la vinculación del hombre en actividades delictivas, de lo que queda indudable constancia a la vista de las consultas que efectúa en las Bases de Datos Policiales.
De acuerdo al artículo 76 del Código Penal, si una pena lleva consigo otras por disposición de la ley, corresponde condenar al acusado expresamente con esa pena.
El “mulero informático” es el que interviene en la comisión del delito mediante el aporte de una cuenta bancaria propia para transferir el dinero obtenido de modo ilícito. Los intermediarios financieros actúan por lo general con ánimo de lucro, recibiendo una comisión en contraprestación por su aporte.
La injerencia en los derechos de los demandantes se realizó de conformidad con la ley. El desalojo fue ordenado por el Tribunal de Apelación, ante la existencia de una situación manifiestamente ilícita por la ocupación ilegal de terrenos sin título alguno. En vista de las molestias y peligros creados por los campamentos, la injerencia persiguió los fines legítimos de proteger la salud y la seguridad pública, además de la protección de los derechos y libertades de los demás.
