La empleadora señaló que se trata de una medida preventiva destinada a evitar las mermas en los productos.
Si bien el ordenamiento jurídico contempla excepciones, no se incluye entre ellas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo ni a los Servicios de Vivienda y Urbanización.
La actora alegó que la sentencia le causó grave perjuicio por no haber condenado a su oponente al pago de las costas pese a desplegar una conducta ilegítima y a que no tuvo motivos plausibles para litigar.
No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad.
Las conductas denunciadas se enmarcaron dentro de la libertad sexual y sentimental de cada persona.
La demandada apeló el monto del daño emergente y la falta de pruebas respecto del daño moral, pero no controvirtió la suma decretada en primera instancia.
Los jueces deben incorporar un enfoque de género en la construcción de sus fallos.
La resolución reclamada contenía criterios contradictorios con resoluciones emitidas anteriormente por el mismo órgano, y afectaba derechos de aprovechamiento de aguas sobre el cauce del río Limarí.
El Tribunal de alzada descartó infracciones de la autoridad ministerial al sancionar al sicólogo.
La compañía arriesga multas por hasta $4 mil millones, tras exceder el límite del caudal medio anual autorizado en su RCA y no dar cumplimiento a las medidas comprometidas en su Plan de Alerta Temprana (PAT), en febrero y marzo de 2021.
