La información que fue entregada por la requirente se realizó bajo la confianza legítima de que el órgano no la divulgará de una manera más extensa que la expresamente autorizada por el ordenamiento.

Si la interesada tiene más de un año de cobertura, se le deben adicionar a la renta imponible anual del SII, las rentas imponibles complementarias del período.

El Tribunal entiende que la información supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de la aludida.

El protocolo incorpora la realización de 2 test PCR semanal, medida discutida por los convencionales y aprobada por 78 votos a favor, 56 en contra y 8 abstenciones.

No obstante, el máximo Tribunal precisó no estar necesariamente de acuerdo con lo resuelto por los jueces.

En reconocimiento a su importante aporte al país y al desarrollo a la comuna.

Los preceptos impugnados infringen el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la igual repartición de las cargas públicas, la libertad en el desarrollo de la actividad económica, y adolecen además de vicios de inconstitucional formal.

El Tribunal de alzada acogió la solicitud incluida en el recurso de protección deducido por Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar.

Para la Sala Penal, mantener la prisión preventiva del imputado, pese a haber previamente suspendido el procedimiento seguido en su contra conforme al artículo 458 del Código Procesal Penal, se ha dispuesto la persistencia de su privación de libertad en una forma distinta y más gravosa a la prevista en la ley, poniendo en riesgo de ese modo su seguridad personal.

El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la sentencia impugnada, dictada por el 5º Juzgado Civil de Santiago, que acogió parcialmente la demanda y ordenó a la inmobiliaria pagar $11.670.479, por concepto de daño emergente.