Sólo la Constitución y las leyes pueden establecer restricciones de tal entidad, por lo que la Municipalidad deberá ajustar a la brevedad su ordenanza. Confirma su dictamen N°7.157/20.

El requirente alegó que el precepto impugnado permite aplicar sanciones desproporcionadas, desiguales y arbitrarias. El voto del Presidente no dirime el empate en requerimientos de inaplicabilidad.

Las hipótesis referidas a situaciones de “emergencia o calamidad pública”, no se circunscriben solo al territorio nacional, sino que a cualquier evento noticioso que reúna tales características.

La actora siempre puede solicitar un certificado de viaje en cualquier oficina de la Policía de Investigaciones de Chile, que constataría su ingreso al país.

La gratuidad, alegan los recurrentes, es concebida como un mecanismo de financiamiento a las instituciones de educación superior y no a los estudiantes individualmente considerados, por lo que descontar los fondos, en caso de suspensión académica o de estudios de los alumnos por causas particulares, no es procedente.

Simplifica los trámites de cambio de sexo e identidad sexual, eliminando el requisito de presentar informes médicos para tal fin. Establece como edad mínima los 12 años y garantiza la reversibilidad para aquellos que deseen “volver” a su sexo anterior.

Las normas consultadas no revisten el carácter de orgánico constitucional en cuanto no innovan respecto de las atribuciones que ya tienen los municipios, decisión adoptada con voto disidente.

Son medidas que afectan el derecho a la vida privada, la honra, la intimidad y de la propia imagen e importan una limitación al derecho a la educación por representar una restricción provisoria o permanente a su derecho de acceso y permanencia en el establecimiento.

La responsabilidad del profesional sanitario que actúa como garante debe ligarse al hecho de que haya incrementado el riesgo permitido, y lo haya hecho al haber actuado negligentemente, y con tal comportamiento haya contribuido al resultado, siéndole reprochada su conducta a través de la teoría de la imputación objetiva.

El ordenamiento jurídico considera un sistema dual para conocer ese tipo de conflictos, el primero, a través de la justicia arbitral según las reglas del Código de Comercio, y el segundo, mediante la aplicación de la Ley del Consumidor.