Se trata de la develación de hechos de evidente relevancia pública, situación en la que prima la libertad de información del medio de comunicación, por sobre el interés del actor, en atención al derecho que se reconoce a la ciudadanía de conocer hechos y conductas de relevancia pública.

Los actos administrativos no pueden tornar más gravosa la situación de un privado de libertad cuando la modificación de una ley incide directamente en la forma de cumplimiento de una pena.

Es ilegal la decisión de aplicar una sanción que no corresponde con la infracción imputada, y además arbitraria, al afirmar su determinación en antecedentes que resultan débiles e insuficientes para dar por acreditada la transgresión atribuida.

El requirente alegó que la detención por deudas no está permitida en nuestro ordenamiento jurídico y vulnera garantías constitucionales.

El acto denunciado excede las materias que son de conocimiento del recurso de protección, no siendo la vía idónea para obtener que la aerolínea deje sin efecto la cancelación de su pasaje, asunto que se encentra entregado a los Juzgados de Policía Local.

El plazo excepcional de 45 días solo resulta aplicable a los organismos de salud que expresamente dispone el legislador presupuestario.

La iniciativa busca resguardar el derecho a sufragio de trabajadores en el Plebiscito Nacional Constitucional de Salida.

El requirente alega que se le obliga a relevar información que no es pública, conforme al texto constitucional, vulnerando su derecho a realizar cualquier actividad económica.

Aumentó el monto indemnizatorio en atención a la edad de la víctima al momento de los hechos, la duración y reiteración de los vejámenes, el padecimiento físico y emocional sufrido y la naturaleza de las torturas de connotación sexual acometidas atendido su género.

Las expresiones ofensivas, si son aisladamente consideradas, no pueden reputarse como una intromisión ilícita si se consideran proporcionadas con la finalidad informativa o valorativa que se pretende en contextos de crítica.