La sociedad peticionaria explica que solicitud de merced definitiva se fundamenta en la merced provisional otorgada mediante el decreto N° 1.967, de 1958.
De todas formas, el ente contralor recordó que es necesario puntualizar que nuestro ordenamiento jurídico no contiene una normativa que regule de manera general las contrataciones que efectúan las empresas del Estado.
En la resolución, el Tribunal señaló que la incompetencia alegada no corresponde a la relativa, por cuanto no es el factor territorio el determinante para dirimir la competencia del Tribunal, sino que el factor materia propio de la competencia absoluta.
El Estado de Illinois prohibió las reuniones de más de 50 personas para evitar contagios de coronavirus.
La Magistratura constitucional española tiene como una de sus misiones principales, garantizar principio y valores del Estado Social y Democrático de Derecho español que reconoce a la Monarquía parlamentaria como símbolo de su unidad y permanencia.
La Magistratura Constitucional señala que las como criterios de interpretación se debe tener presente que las cotizaciones inciden en el derecho de seguridad social, son de propiedad del trabajador, tienen una función alimentaria y se vinculan al reconocimiento de la dignidad humana.
La Magistratura Constitucional señaló, respecto de la reserva legal en materia laboral, que no es posible en materia de principio de legalidad en el ámbito laboral desconocer que la Constitución deriva al Reglamento todas las materias no básicas.
En el caso de viviendas fiscales, proceso que sólo contempló a las tres ramas de las FFAA, se pudo acceder a antecedentes que permitieron estimar los cánones de arriendo, que van desde poco más de 9 mil pesos, a los que podrían optar los funcionarios de algunas de estas entidades, y se constató que ex miembros del Ejército y la FACH gozan de esta alternativa contraviniendo reglamentos que rigen a estas instituciones.
A su juicio tal como existe hoy en día, ya viene siendo utilizada de formas que vulneran los derechos humanos, especialmente para dar seguimiento y vigilancia a activistas o personas que protestan e incluso a sus abogados/as defensores/as, y al utilizarse evidencia obtenida a través de ésta en juicios penales.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en la forma y en el fondo deducidos en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que descartó error en la valoración de la prueba en la resolución de primer grado que estableció la responsabilidad del facultativo.
