Proyecto de ley regula la hospitalización domiciliaria para pacientes afiliados a ISAPRES.
No existe una normativa técnica que fije las directrices del diseño, implementación, medición de resultados y seguimiento de la hospitalización domiciliaria.
No existe una normativa técnica que fije las directrices del diseño, implementación, medición de resultados y seguimiento de la hospitalización domiciliaria.
El control judicial de las detenciones, para constituir una salvaguarda efectiva contra las detenciones ilegales o arbitrarias, debe darse “sin demora”, “tomando en cuenta que en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por el Decimoséptimo Juzgado Civil de Santiago, al acoger parcialmente la reclamación interpuesta en contra de la resolución sancionatoria adoptada por el Instituto de Salud Pública (ISP).
La normativa que será analizada ahora por la Comisión de Hacienda, busca aplazar hasta el 1 de enero de 2024 la aplicación de estos cambios tributarios, por los efectos que tiene en la normativa minera. Principalmente, en los plazos que se proponen para el cambio de coordenadas de concesiones vigentes.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia confirmada, dictada por el 11° Juzgado Civil de Santiago.
El Tribunal, consideró que la reclamación no podrá prosperar, dado que la reclamante carece de acción para recurrir a los Tribunales Ambientales.
El recurrido alegó que dicho camino se había construido como servidumbre de tránsito únicamente para el traslado de él y sus hermanos, argumento que fue desestimado por la Corte, tras determinar que no podía obviarse el hecho de ser un camino utilizado hace años por los vecinos del sector.
Acción de precario sólo puede ser enervada si se acredita que la ocupación del inmueble no es por mera tolerancia o ignorancia del dueño.
El recurrente acusó que el fallo que hizo lugar a la acción reivindicatoria y lo obligó a restituir una hectárea otorgó mayor valor probatorio que el que le correspondía a un informe privado, lo que fue considerado por el máximo Tribunal como un intento de modificar los hechos asentados en el juicio.
Corte de Concepción estimó que la negativa del CBR para emitir los certificados, justificándose en la ausencia de dominio exclusivo de la actora, vulnera el artículo 50 de su Reglamento, así como la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.