El máximo Tribunal señaló que, es deber del Estado, promover y asegurar que toda persona que desee acceder a ese nivel educativo pueda, efectivamente, alcanzar dicha meta.
El máximo Tribunal señaló que, no es posible sostener que el Banco recurrido incurrió en un actuar arbitrario.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el artículo 84 N°3 de la LOCTC, esto es, que no existe una gestión judicial pendiente en tramitación.
La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La Magistratura Constitucional española indicó que la pérdida sobrevenida de objeto se debe a que los incisos y apartados impugnados por el Abogado del Estado ya han sido anulados por Autos de esta misma fecha por incumplimiento de la STC259/2015, de 2 de diciembre.
El Tribunal de alzada acogió con costas el recurso de nulidad deducido en contra de la resolución dictada por el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y, sin nueva vista, dictó sentencia de reemplazo.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad y confirmó la resolución dictada el 13 de mayo pasado por el Segundo Juzgado Civil de Chillán, que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar por considerar que las diligencias cuestionadas se ajustan a la legalidad vigente y que el aparato móvil fue incautado en una investigación criminal autorizada por resolución judicial.
Recurrente estimó vulneradas las garantías contenidas en los artículos 1, 2, 4, y 24 de la Constitución.
La autoridad recurrida, de acuerdo con el Estatuto Administrativo, se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente.
