El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia cuestionada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la demanda.
Denuncia por deficiencias en infraestructura originó una fiscalización y multa para el establecimiento por incumplimiento de la normativa educacional, la que fue confirmada en las instancias judiciales.
No consta elemento técnico alguno que permita concluir que los hechos relatados, verificados hace más de cuatro años por la Superintendencia, y que fueran motivo del procedimiento contencioso administrativo sancionatorio iniciado por dicha entidad se hayan mantenido efectivamente hasta a la fecha.
En dictamen N° E292.786 de 2022 el Contralor autorizó al organismo a contratar sin sujetarse al criterio señalado en el dictamen N° E173.171 de 2022.
Aun cuando se justifique que su instalación es por razones de seguridad las mismas deben reinstalarse de modo que no se dirijan a la propiedad de la actora. Se condenó además al demandado a indemnizar el daño moral.
El tribunal recurrido invade las atribuciones propias del Ministerio Público, al exigirle que mantenga la intención punitiva bajo el criterio de ese tribunal, sin fundamentar de forma normativa, doctrinal ni jurisprudencial el motivo de esta decisión, razona el voto en contra.
Resulta paradójico que el tribunal baja un grado y posteriormente aumenta un grado, otorgándole a la agravante de reincidencia específica un efecto que el artículo 449 N°2 no le confiere.
Esto es así, debido a la antijuricidad material de ambos ilícitos, que buscan complementarse para configurar el peligro previsto por el legislador, por consiguiente, no se puede castigar ambos hechos de forma separada.
De esta forma, la tesis de mera tolerancia invocada por la demandante carece de sustento. No pudo acreditar en la especie la concurrencia de los requisitos del inciso segundo del artículo 2195 del Código Civil.
Está suficientemente consolidado un criterio: sólo deberá considerarse droga tóxica o estupefaciente, aquella sustancia que sea apta para producir los efectos que le son propios. Y esto, en función de la cantidad de principio activo registrado en concreto y de la capacidad del producto para incidir negativamente en la salud de un eventual afectado.
