Si bien la Ley N°21.342 es aplicable a entidades del sector privado, no es óbice para exigir un instrumento similar en las entidades de la administración centralizada y descentralizada del Estado y Municipalidades.
No es la ausencia de ánimo vengativo lo que da lugar a disminuir la pena, sino que tal respuesta derive de una provocación previa (insultos) que supere cierto umbral de gravedad y se repute injustificada.
La requirente estima que el precepto legal impugnado vulnera los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, asociación, libre contratación y sindicación.
Al ingresar a la institución, todo miembro se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país.
El hecho que ocasionó el daño es atribuible al grupo como tal, no siendo posible que lo cause un individuo, pues el resultado dañoso es la suma de actuaciones que son necesariamente colectivas.
El actor no puede usar y gozar exclusivamente de un bien común, sin previa autorización.
La sede de protección no es la vía idónea para declarar los derechos que asisten a las partes.
El requirente alega que la restricción no encuentra fundamento razonable e infringe sus derechos a la igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.
El Tribunal de alzada no consideró la prueba documental que demostraba que el querellante no era dueño del derecho invocado.
La medida de traslado es de carácter genérica y carece de motivos suficientes que la justifiquen, deficiencia que hace que aquella sea ilegal y, también, desproporcionada al ejecutarse considerando un traslado que supera los dos mil seiscientos kilómetros.
