En relación con las solicitudes de asilo basadas en un riesgo individual, debe ser el solicitante el que invoque y justifique dicho riesgo. Sin embargo, si un Estado contratante tiene conocimiento de hechos relativos a un individuo específico que podrían exponerlo a un riesgo de malos tratos al regresar a su país, las obligaciones que incumben a los Estados implican que lleven a cabo una evaluación de ese riesgo de oficio.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social concluyó el despacho de la iniciativa y ahora corresponde que sea analizado por su par de Hacienda en las materias de su competencia.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal descartó error de derecho en la resolución dictada por el Tercer Tribunal Ambiental, que anuló la calificación favorable del proyecto emitida por Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío (Coeva), la cual no consideró a la comuna de Penco dentro del área de influencia del proyecto denominado “Terminal Marítimo GNL Talcahuano”.

El Tribunal de alzada descartó infracción en el proceso sancionatorio y desestimó el decaimiento de la acción y la desproporción de la multa alegadas por la recurrente.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó al municipio a pagar al demandante las sumas de $120.000.000 por concepto de daño moral; $58.981.896 por daño emergente; $6.980.000 por la reposición de la silla de ruedas, más $350.000 mensuales por los gastos en asistente o auxiliar.

Conocida como “Ley Antonia”, crea tipos penales, incorpora derechos específicos para las víctimas en el transcurso de la investigación y protege su identidad, intimidad, seguridad y dignidad.

Requirente alegó que la norma impugnada vulnera su derecho a defensa e igualdad ante la ley.

El recurrente pretendió anular el fallo invocando la causal del artículo 478, letra e), del Código del Trabajo, referida a que “la sentencia definitiva deberá contener: 4.- El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación.

El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal o arbitrario en el proceso administrativo que derivo en la dictación de la resolución exenta impugnada.

El Tribunal resolvió que dicha cláusula no produce efecto alguno, por cuanto rompe la equidad entre los contratantes, dejando a uno de ellos en la indefensión, y limita absolutamente la responsabilidad del Colegio ante los padres y apoderados.