El fallo del Tribunal de Alzada concluyó que, se apreció en el actuar de la recurrida un obrar arbitrario y contrario a derecho, propio de autotutela.
El ente contralor adujo que el principio de la inexcusabilidad, implica que la Administración del Estado se encuentra obligada a dar respuesta a los requerimientos que se le formulen mediante un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, lo que ocurrió en la especie.
El objetivo principal del proyecto ingresado es evitar que filtros sean fabricados en base a sustancias que son nocivas para la salud.
El Tribunal condenó a la automotora tras acreditar su responsabilidad civil extracontractual, debido a que, a la fecha de los hechos, el vehículo de marras estaba registrado a su nombre y no había sido transferido al causante directo del accidente.
Los legisladores piden al Ejecutivo reducir las desigualdades laborales entre hombres y mujeres, materializando los acuerdos suscritos en el foro «Logrando el Balance en el Mundo Laboral», organizado por ParlAméricas.
El Tribunal acogió la acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, ordenando al municipio terminar todos los actos vulneratorios en contra de la demandada, así como pagarle $5.000.000 por concepto de daño moral por el acoso sufrido y las dificultades posteriores para desarrollar sus labores, tras dar por acreditado el acoso sexual denunciado.
El máximo Tribunal revoca la sentencia apelada y rechazó la excepción de prescripción opuesta por el demandado y ordenó a juez no inhabilitado emitir pronunciamiento sobre el fondo de la contienda, tras establecer que el plazo de prescripción debe computarse desde la fecha del deceso del paciente, y no desde el día en que fue intervenido quirúrgicamente.
El texto plantea la necesidad de poner a la familia en el centro de las políticas sociales y de impulsar la maternidad y la paternidad.
En la ocasión, se sortearon los integrantes de la comisión que analizará la admisibilidad del libelo acusatorio, siendo electos: José Miguel Castro (RN), Pablo Lorenzini (DC), José Miguel Ortiz (DC), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Diego Ibáñez (CS).
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la demanda por la supuesta falta de seguridad del hipódromo.
